HeidelbergCement toma partido en el conflicto
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El gigante alemán de materiales de construcción se pone del lado de Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental, evitando cualquier pregunta sobre sus propias obligaciones jurídicas en los territorios ocupados.

11 May 21

HeidelbergCement se cerró en banda sobre el Sáhara Occidental ocupado en su junta general anual de 6 de mayo de 2021.

La empresa alemana controla dos fábricas de cemento en el Sáhara Occidental a través de su filial marroquí Ciments du Maroc (CIMAR) con permisos otorgados por el gobierno de Marruecos, que ocupa ilegalmente la mayor parte del territorio.

En lugar de responder a las preguntas de los accionistas sobre la situación jurídica en el territorio, HeidelbergCement afirmó que sus actividades benefician a la “población local”.

El argumento de los "beneficios" ha sido acallado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de diciembre de 2016, al dictaminar que el Acuerdo Comercial UE-Marruecos no podía aplicarse al Sáhara Occidental, ya que el territorio es separado y distinto de Marruecos, y este último no tiene mandato alguno para administrar el territorio. El Tribunal declaró que es irrelevante si los acuerdos son beneficiosos para el pueblo del Sáhara Occidental, y lo que importa es que el pueblo realmente haya dado su consentimiento. Por el efecto relativo de los tratados, ese razonamiento también se aplica a los contratos.

Los saharauis protestaron frente a la sede de HeidelbergCement, como parte de protestas más amplias por los pobres compromisos climáticos de la empresa.

Puede encontrar una transcripción de las respuestas de HeidelbergCement a las preguntas enviadas por Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, en colaboración con Western Sahara Resource Watch (WSRW), aquí: versión en inglés, y la original versión en alemán.

La respuesta de HeidelbergCement a la pregunta de si ha buscado el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental recibió una respuesta sumamente confusa. Por un lado, la respuesta de HeidelbergCement en la junta general fue que “asumimos que la población local está de acuerdo con nuestras actividades comerciales”. Por otro lado, la declaración de la junta sobre las contramociones del Sáhara Occidental dice que "Ya durante la planificación de los proyectos de inversión, además de las evaluaciones integrales de impacto social y ambiental, se lleva a cabo una amplia participación de todas las partes interesadas, que tiene en cuenta las preocupaciones especiales de los grupos indígenas, así como las preocupaciones de otros residentes locales. En todos los proyectos se tienen en cuenta los principios del consentimiento libre, previo e informado”.

Este tipo de afirmaciones se ofuscan en el tema del consentimiento, ya que existe una diferencia fundamental entre el principio de consentimiento libre, previo e informado de los grupos indígenas (que reconocen el Estado en el que se ubica su tierra) y el derecho al consentimiento derivado del derecho a la autodeterminación de un pueblo de un territorio no autónomo bajo ocupación. Los saharauis no son un grupo indígena del Sáhara Occidental, son el pueblo que posee los derechos soberanos sobre la tierra. Y HeidelbergCement nunca les ha solicitado nada. La firma admite que nunca se ha acercado al representante del pueblo del Sáhara Occidental reconocido por la ONU, el Frente Polisario.

HeidelbergCement opina que el Polisario "solo ha sido reconocido como una representación política para cuestiones de derecho internacional". La empresa añadió que lamenta que "el Polisario haya rechazado una solución negociada en el marco del proceso de la ONU en vigor y, en cambio, haya suspendido el alto el fuego existente. El derecho internacional humanitario establece, entre otras cosas, que ni la población civil en su conjunto ni los civiles individuales pueden ser atacados. Esperamos que el Frente Polisario respete los estatutos del derecho internacional humanitario". La firma guarda silencio sobre el hecho de que fue Marruecos el que violó el alto el fuego al atacar a civiles saharauis.

Sin embargo, cuando se trata de las propias actividades de HeidelbergCement y cómo se relacionan con el derecho internacional humanitario, la empresa considera que no es un problema que esté operando y exportando desde tierras ocupadas sin el consentimiento de la gente: “Aproximadamente dos tercios de los productos se venden en El Aaiún y alrededores, el resto se exporta a Marruecos, por lo que no hay conflicto con las normas del derecho internacional humanitario”.

Wespath Benefits and Investments también presentó una contramoción, que declaró que “la Junta Directiva de HeidelbergCement no ha proporcionado información suficiente a los inversores sobre sus esfuerzos para alinear sus prácticas comerciales y la debida diligencia en derechos humanos con los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP) y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”. Refiriéndose a Marruecos como "la potencia ocupante del Sáhara Occidental", la contrarresolución de Wespath declaró que "las potencias ocupantes no pueden explotar recursos sin el consentimiento de la población ocupada" y que "no tenemos conocimiento de ningún consentimiento recibido de la población ocupada". Por lo tanto, la empresa puede estar contribuyendo a violaciones del Derecho Humanitario Internacional".

La subsidiaria de HeidelbergCement, Ciments du Maroc (CIMAR), tiene una participación mayoritaria en la empresa de molienda de cemento de CIMAR, y adquirió Cimenteries Marocaines du Sud (CIMSUD) en mayo de 2020. Ambas están ubicadas en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental.

Es probable que estas fábricas proporcionen el material básico para la continua política de asentamientos de Marruecos en el Sáhara Occidental. Según los servicios de investigación del Bundestag alemán, la política de asentamientos de Marruecos constituye un crimen de guerra. En noviembre de 2020, Marruecos violó el acuerdo de alto el fuego negociado por la ONU en el territorio, lo que provocó la reanudación de la lucha armada, que a su vez resultó en un repunte en la represión por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes contra los civiles saharauis, un deterioro de una situación de derechos humanos ya dramática.

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