La policía marroquí impidió el 30 de noviembre la entrada a saharauis a una “consulta pública” organizada por ACWA Power, la empresa contratada para construir las primeras plantas solares en el Sahara Occidental ocupado.
“La policía de paisano nos paró a dos calles del hotel Al Massira”, dice Mohamed, un activista de la coordinadora de familias de los antiguos trabajadores de Phosboucraa, y uno de los saharauis que esperaba asistir a la reunión de consulta pública. “Muchos saharauis quisieron asistir, pero nos pararon. Por lo menos 15 personas nos encontramos en la misma situación.
La reunión de consulta en el hotel Al Massira forma parte de la evaluación de impacto ambiental y social de ACWA Power. ACWA Power, una empresa de ingeniería saudí, fue contratada por la Agencia marroquí para la energía solar (Moroccan Agency for Solar Power - MASEN) hace tres semanas para desarrollar 170 MW de capacidad solar en tres lugares: Ouerzazate, El Aaiún y Bujador. Pero estos dos últimos están situados fuera de Marruecos y dentro del territorio del Sahara Occidental -un Territorio No Autónomo en gran parte ocupado militarmente por Marruecos desde 1975. Y los saharauis, ya sean los que viven como refugiados en los campamentos del desierto argelino, o los que padecen el yugo marroquí en su propia tierra, no están de acuerdo en que sus recursos sean explotados por el régimen ocupante.
“Me pregunto a quién están consultando si nosotros –los saharauis- no estamos autorizados a entrar”, dice Mohamed, dando en la diana del problema.
Un dictamen de las Naciones Unidas de 2002 dice claramente que “deseos e intereses” de los saharauis son dos requisitos esenciales para que cualquier actividad relacionada con los recursos se pueda considerar permitida según el derecho internacional. Los saharauis tienen un derecho internacionalmente reconocido a la autodeterminación, el derecho a determinar el estatuto de su tierra, y por lo tanto de sus recursos. El autor del dictamen, entonces Vicesecretario General para Asuntos Jurídicos, Hans Corell, ha declarado hace poco que el criterio de los “deseos e intereses” es aplicable también a los recursos renovables.
WSRW no tiene conocimiento de que ningún grupo saharaui haya sido contactado previamente a la adjudicación del contrato a ACWA, ni de que ningún grupo haya sido invitado a la reunión. Un pequeño anuncio (imagen de la derecha) se publicó en un periódico marroquí el 17 de noviembre de 2016. El anuncio no aparece en internet.
ACWA Power ha contratado a 5 capitals, una empresa de consultoría con sede en Dubai, y a Phénixa, una empresa marroquí de consultoría para llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental y social. Aparte de la de El Aaiún, otra reunión estaba prevista en Bujador para el 1 de diciembre.
A primeros de noviembre, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puso énfasis en la importancia del consentimiento previo, libre e informado de los saharauis antes de llevarse a cabo proyectos y operaciones de extracción (de recursos).
WSRW ha escrito al Director ejecutivo de ACWA Power, Mr. Paddy Padmanathan, preguntándole qué medidas ha adoptado la empresa para obtener el consentimiento expreso de los saharauis para construir infraestructura solar en su tierra. La compañía ya ha acusado recibo de la carta, pero no la ha contestado aún.
Han pasado 121 días desde que WSRW preguntó a Vigeo Eiris sobre la certificación de proyectos energéticos de Marruecos en el Sahara Occidental ocupado. La firma, que asesora a los inversores en materia de derechos humanos, afirma ahora que buscar el consentimiento saharaui es irrelevante.
Marruecos ha elegido a la compañía saudí ACWA Power para desarrollar 100 MW de energía solar en el Sahara Occidental ocupado. El trato fue sellado en la Conferencia sobre el Clima de las Naciones Unidas, COP22.