El Sáhara Occidental ocupado posee algunas de las reservas de fosfato de mayor calidad del mundo, ricos bancos de pesca y un potencial para generar suficiente energía renovable para alimentar toda la región del Magreb. El uso ilegal de las riquezas del territorio por parte de Marruecos contribuye a prolongar el conflicto y el sufrimiento del pueblo saharaui.
Los esfuerzos de Marruecos por explotar los recursos del Sáhara Occidental han recibido un sólido respaldo del comercio internacional. Es muy problemático, desde el punto de vista ético, político y jurídico, cuando los intereses comerciales cooperan con las autoridades marroquíes para hacer negocios en el territorio ocupado. Las empresas involucradas afirman que su contribución está destinada a proporcionar un desarrollo económico positivo en Marruecos. Sin embargo, esta es una verdad distorsionada. En primer lugar, el Sáhara Occidental no es parte de Marruecos. El "desarrollo" es, sin embargo, una contribución activa en apoyo de la reinvendicación ilegal de Marruecos sobre su país vecino.
Varias empresas internacionales son hoy en día actores políticos que obtienen beneficios del conflicto. Mientras Marruecos financia la ocupación usurpando los recursos del país, la mayoría de los saharauis se ven obligados a vivir en campos de refugiados en el desierto argelino, en la pobreza y condiciones miserables y no se les permite ningún beneficio derivado de las rentables actividades comerciales en su tierra natal. Las exportaciones de mercancías de Marruecos fuera del territorio a través del controvertido pasaje de Guerguerat están directamente relacionadas con la reanudación de la guerra en el territorio en noviembre de 2020.
Las empresas activas en el Sáhara Occidental generan empleo para los colonos marroquíes ilegales, tanto a través de la inversión directa como mediante la exportación de productos al extranjero. Esto constituye una violación de los Convenios de Ginebra.
Trabajar con Marruecos para avanzar en la explotación de los recursos del Sáhara Occidental crea un aire de normalidad o aceptación de la presencia de Marruecos en el territorio. Las empresas y los gobiernos a menudo expresan que su participación no significa en modo alguno que reconozcan la insostenible reivindicación de soberanía de Marruecos sobre el territorio. Sin embargo, colaborar con Marruecos, que no tiene soberanía ni mandato de administración internacional sobre el Sáhara Occidental, en las actividades económicas en el territorio ocupado, es una forma tácita de reconocimiento.
Nadie entiende esto mejor que las autoridades marroquíes. “Los acuerdos internacionales que no excluyen "el Sáhara marroquí" de su aplicación, demuestran que la zona es marroquí”, dijo el ministro de Comunicación de Marruecos 2013.“El aspecto financiero [del acuerdo de pesca de la UE y Marruecos] no es necesariamente el aspecto más importante de este acuerdo. El aspecto político es igualmente importante”, dijo el ministro de Pesca de Marruecos en 2006.
Un documento filtrado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos muestra cómo Marruecos utiliza los recursos naturales del Sáhara Occidental para involucrar a otros países en su propia ocupación ilegal del Sáhara Occidental; en este caso particular, sobre cómo "implicar a Rusia en el Sahara" ... "podría garantizar una congelación del expediente del Sáhara en la ONU".
Ha resultado sumamente difícil para la ONU negociar una paz justa y duradera entre las dos partes de este prolongado conflicto. La gestión de los recursos naturales del territorio incluso ha sido puesta sobre la mesa de negociaciones por varios enviados especiales de la ONU al conflicto. En ese contexto, es muy inapropiado dar una señal de apoyo político a Marruecos pagándole por el acceso al Sáhara Occidental, o participar en sus actividades en el territorio por interés financiero. Hacer esto, va, efectivamente, en contra de los esfuerzos de la ONU para descolonizar el Sáhara Occidental y, como tal, contribuye a la continua inseguridad e inestabilidad de la región del Magreb en general.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) y el relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación destacaron ambos que los saharauis se vieron afectados de manera desproporcionada por la pobreza y no cosechar los beneficios de las considerables inversiones que se realizan en su propia tierra.
El gobierno noruego ha calificado la exploración petrolera de Marruecos en el Sahara Occidental como “una violación particularmente grave de las normas éticas fundamentales, por ejemplo, porque puede fortalecer las reivindicaciones de soberanía de Marruecos y contribuir así a socavar el proceso de paz de la ONU”. No podemos estar más de acuerdo.
Mientras Marruecos financia la ocupación apropiándose de los recursos del país, la mayoría de los saharauis se ven obligados a vivir en campos de refugiados en el abrasador desierto argelino. Para su mera supervivencia, dependen prácticamente por completo de la ayuda humanitaria internacional, aunque las rentables actividades comerciales de Marruecos en su tierra natal pagarían muchas veces sus necesidades.
Los saharauis que se quedaron en su país durante la guerra viven bajo el yugo de una ocupación brutal. El Sáhara Occidental se encuentra hoy entre los países del mundo con la puntuación más baja en las clasificaciones de libertades civiles y políticas. Las violaciones de derechos humanos de Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado son denunciadas por organizaciones internacionales de renombre, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etc., y también por la ONU. Aunque Francia, el principal aliado de Marruecos, impide que la misión de mantenimiento de la paz de la ONU pueda informar sobre las violaciones que presencian, los pocos relatores especiales de la ONU que han visitado el territorio están al unísono en sus conclusiones de que los saharauis son tratados de manera abominable. En 2013, el Relator Especial sobre la detención arbitraria documentó el uso generalizado de la detención arbitraria y la tortura. Desde entonces, Marruecos se ha negado a dejar entrar más visitas.
En 2010, decenas de saharauis fueron encarcelados, la mayoría por haber participado en la organización de un campamento de protesta pacífica que saharauis de todas las edades erigieron en una zona desértica en las afueras de la capital El Aaiún, con el nombre de Gdeim Izik. El campamento exigió derechos socioeconómicos para los saharauis. Comenzó con un puñado de saharauis que trajeron sus tiendas de campaña y establecieron un pequeño campamento. Con el paso de los días, el grupo se había convertido en una sociedad paralela formada por más de 10.000 personas, unidas en su lamento de ser tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia tierra, mientras que las autoridades y colonos marroquíes se benefician de la explotación de los recursos saharauis. El 7 de noviembre de 2010, tras un mes de protesta silenciosa, intervino la policía. Desde entonces, los organizadores del campo de protesta de Gdeim Izik están encarcelados, muchos de ellos injustamente juzgados con cadena perpetua. Uno de ellos es el secretario general del Comité de Protección de los Recursos Naturales. Lea sobre el grupo aquí. En 2023, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió su liberación inmediata.
Es éticamente incorrecto beneficiarse de la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, ya sea a través del comercio, la inversión directa o la participación en proyectos marroquíes en el territorio, mientras que al pueblo del Sáhara Occidental, que posee los derechos soberanos sobre la tierra y sus recursos, se les niega las necesidades y los derechos humanos más básicos.
Las empresas estatales marroquíes encargan a empresas consultoras extranjeras que evalúen cómo se beneficia la población de sus operaciones en el Sáhara Occidental. Estos informes se distribuyen ampliamente entre los clientes y socios que se benefician del comercio. Este enfoque, naturalmente, tiene aspectos muy problemáticos:
- Marruecos y las empresas implicadas sustituyen sistemáticamente el término "pueblo" por "población". Es el "pueblo" del Sáhara Occidental el que tiene lo que el derecho internacional llama soberanía permanente sobre el territorio. Es el "pueblo" el que tiene derecho a dar su consentimiento para el uso de los recursos del Sáhara Occidental, y al que se refieren la ONU y el Tribunal de Justicia de la UE. La "población" es algo fundamentalmente diferente. Casi la mitad de la población del Sáhara Occidental ha huido del territorio y hoy en día vive en campamentos de refugiados en el extranjero; la mayoría de la población actual del territorio son colonos marroquíes y personal armado. Cómo estos grupos se benefician de las actividades de Marruecos en el territorio es irrelevante en términos de ley y ética.
- Ninguno de los informes encargados por Marruecos considera si la gente del territorio quiere las operaciones comerciales de Marruecos. Nunca consideran el derecho al consentimiento previo, que es la única cuestión a evaluar, según el Tribunal de Justicia de la UE. Las instituciones que deberían haber existido para articular el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación sobre sus tierras o recursos no están autorizadas por el gobierno marroquí, ya que defender un Sáhara Occidental independiente va en contra del código penal de Marruecos. El Sáhara Occidental se encuentra entre los países con menor puntuación en cuanto a libertades políticas.
- Ningún informe marroquí difundido a la comunidad empresarial está abierto al público, y tanto los términos de referencia como las conclusiones son confidenciales.
- Cualquier organización que desee realizar estudios en el territorio será deportada. WSRW ha trabajado en el Sáhara Occidental desde 2005. Nunca hemos oído hablar de un investigador científico de las ciencias sociales con una agenda independiente que haya visitado la parte del Sáhara Occidental bajo ocupación. Marruecos también ha denegado el acceso a los miembros del Parlamento Europeo para visitar el territorio.
El valor de las exportaciones de harina de pescado del territorio ocupado a Turquía, por sí solo, equivale al triple de la cantidad total que se dona en ayuda multilateral a los refugiados en todo un año. La UE paga hoy a Marruecos más para acceder a los bancos de pescado del Sáhara Occidental que lo que da en ayuda humanitaria a los refugiados. Si bien los productos agrícolas del territorio se importan a la Unión etiquetados como procedentes de "Marruecos", las verduras se han eliminado en gran medida de las canastas de alimentos de los refugiados por preocupaciones de gastos. Y mientras las empresas internacionales están impulsando el saqueo de Marruecos a través de la energía renovable, el acceso a la electricidad es todo menos un hecho en los campos de refugiados.
Pero a pesar de las dificultades, lo que los saharauis consideran el peor delito es que se les niegue el derecho a la autodeterminación, que se traduce cada vez más como consentimiento. Todas las organizaciones saharauis -del territorio ocupado, los campos de refugiados y la diáspora - han protestado una y otra vez por los acuerdos corporativos y gubernamentales que se están haciendo con Marruecos para acceder a su tierra, ignorando sus deseos, su derecho a decidir. Básicamente, ignorando su existencia. Inimaginable con respecto a los recursos palestinos o de Crimea, pero una práctica diaria en el Sáhara Occidental.
Hay motivos para suponer que una potencia ocupante que se beneficie de la explotación de la tierra que ocupa no gestionará los recursos del territorio de la forma más sostenible. Y en el caso de la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, hay pruebas que respaldan esa suposición.
Un análisis independiente de 2011 encargado por la UE ya demostró el agotamiento casi total de las poblaciones de peces frente al Sáhara Occidental. Independientemente de este hecho, la actividad pesquera hasta la fecha sigue siendo desenfrenada. Los pescadores marroquíes están activos en las aguas, a menudo utilizando buques pesqueros europeos retirados, como lo demuestra el informe de 2014 “Exporting Exploitation” de Greenpeace en colaboración con WSRW. Greenpeace "exige que la UE deje de explotar los caladeros frente a la costa del Sáhara Occidental y de Marruecos hasta que se pueda garantizar que los recursos pesqueros se gestionen de manera sostenible y que la pesca tenga en cuenta los deseos y los beneficios de la población autóctona del territorio".
Los informes de análisis antes mencionados de las capturas de delfines por arrastreros pelágicos en la zona entre Boujdour y Cap Blanc. Las investigaciones también han demostrado que tortugas se capturan regularmente en redes de pesca. Todas las especies de tortugas que viven en Marruecos y el Sáhara Occidental están consideradas en peligro o en peligro crítico de extinción por la UICN.
WSRW ha recibido a través de los años imágenes de maltrato de mamíferos marinos, y también de descartes masivos de peces, bombeados o arrojados al océano o descartados en tierra porque son de la especie errónea o tamaño incorrecto.
El informe de evaluación de la UE de 2017 sobre el acuerdo pesquero de la Unión con Marruecos reveló que, a excepción de las sardinas, todas las especies pelágicas "en el sur", es decir, el Sáhara Occidental, estaban totalmente o sobreexplotadas, como resultado de años de intensa pesca por flotas locales, comunitarias y extranjeras. Esta dramática conclusión fue repetida por el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, (ONUAA) para el Atlántico centro-oriental en 2018 y 2019.
La pesca no reglamentada a gran escala tiene lugar en la zona fronteriza marítima del Sáhara Occidental con Mauritania. WSRW a menudo observa que los barcos a los que se les permite pescar en aguas de Mauritania cruzan la frontera marítima con el Sáhara Occidental para pescar. Se trata de todo tipo de nacionalidades: buques con bandera de la UE, pero también buques chinos, buques georgianos, antiguos buques rusos.
La situación no es mucho mejor en otros sectores. La producción de azuljeos en el desierto no es una empresa sostenible: consume mucha agua. Las reservas fósiles de agua subterránea en el área alrededor de Dakhla, que deberían usarse en beneficio de las personas que viven allí, están siendo agotadas por la agroindustria, como también lo confirman los cables diplomáticos estadounidenses filtrados. Estos productos se transportan luego en camiones a Agadir para su venta a los mercados internacionales.
Los trabajadores del fosfato, tanto en el Sáhara Occidental como en Marruecos, se han quejado del riesgo para la salud al que están expuestos. Pero OCP, la empresa de fosfatos de propiedad estatal marroquí que también explota las reservas de fosfato del Sáhara Occidental, niega que los subproductos venenosos de la industria del fosfato causen enfermedades y la muerte, y tengan efectos ambientales desastrosos. El yeso fosforado, un subproducto de desecho radiactivo generado durante la producción de fertilizantes que debe mantenerse lo más lejos posible de las personas, simplemente se arroja al Atlántico. Un estudio de 2006 realizado por el instituto nacional de investigación pesquera de Marruecos (INRH las siglas en francés) encontró una contaminación significativa de cadmio en los mariscos alrededor de los puntos de descarga de OCP. Otro estudio científico de 2013 registró altos niveles de contaminación por metales pesados en lagunas de agua salada cerca de los sitios de OCP.