Entre el 23 y el 25 de enero, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat emplearán el dinero de los contribuyentes catalanes y españoles en patrocinar una feria en el prestigioso Palau Sant Jordi y sus anexos.

SMAP – EXPO dispone de un área específicamente orientada a la oferta inmobiliaria marroquí, "un proyecto inmobiliario", según indican en su página web, "con una oferta muy amplia en Tánger, Tetuán, Nador, Casablanca, Saidia, Marrakech y su región, Agadir, así como en las provincias saharianas".



El objetivo de SMAP - EXPO es captar la atención de los inversores españoles y europeos para que inviertan en el Sáhara Occidental sin el permiso del pueblo saharaui, único y legitimo dueño de este territorio, mientras los saharauis permanecen desde 1975 en los campamentos de refugiados o son víctimas de violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos..

"Toda actividad realizada en el Sahara Occidental cuyos beneficios no redunden directamente en su población y que sea llevada a cabo sin el consentimiento de sus legítimos representantes, va en contra de los dictámenes y resoluciones de las Naciones Unidas, y es altamente controvertida y poco ética”, declara Carmen Giner, de Western Sahara Resource Watch (WRSW) en España.

WSRW (en español, Observatorio de los Recursos Naturales en el Sáhara Occidental) insiste en que “cualquier acción de apoyo al gobierno de Marruecos en la promoción de negocios inmobiliario o de otro tipo en los territorios ocupados, mina los esfuerzos de NU por conseguir una solución a un conflicto que dura ya más de 33 años”.

"Instamos al Ayuntamiento de Cataluña y a la Generalitat a no entorpecer la labor de NU y no dar señales de apoyar la ocupación ilegal del Sahara Occidental promoviendo eventos que, como en el caso de SMAP - EXPO, pretenden atraer inversores a un territorio sobre el que Marruecos no tiene la soberanía”, dice Giner.

La initiativa de SMAP – EXPO también fue criticada por el periodista Leonardo Urrutia Segura en esta opinion en ABC el 17 de enero 2009: “En estos días, donde todos nuestros gobernantes exigen la aplicación del Derecho Internacional en la franja de Gaza, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona subvencionan un organismo para que lo vulnere. Por cierto, no vemos la crueldad que se está produciendo con la población saharaui porque Marruecos no deja entrar observadores internacionales ni periodistas en el Sahara Occidental. Pero de esto, en Cataluña, parece que no conviene hablar”, escribe Segura.