El largo contencioso político del Sáhara esconde una realidad poco conocida que ha terminado por enconar el conflicto con el paso de los años. La antigua colonia española cuenta con un territorio riquísimo en recursos naturales, con grandes yacimientos en fosfatos, petróleo, gas y pesca, a los que hay que unir los estudios de extracción que está llevando a cabo la Oficina de Hidrocarburos y Minas (OHYM) marroquí para sacar circonita, una piedra preciosa parecida al diamante, y uranio, un material con el que Marruecos podría retomar sus planes de construcción de una planta nuclear con fines civiles en Sidi Boulbra, situada en la fachada atlántica y para la que Rusia se ofreció en el pasado a facilitar tecnología punta.

Para el Observatorio de Recursos del Sáhara Occidental (WSRW, en sus siglas en inglés), la concesión de licencias por parte de Rabat para la extracción de petróleo y gas es ilegal. Esta organización internacional persigue la conservación de estos recursos naturales “para sus dueños legítimos, el pueblo saharaui” y ha conseguido en los últimos años que algunas compañías extranjeras hayan abandonado el Sáhara, caso de la francesa Total en 2004 o la española Iberdrola en 2007. Según su propio listado, en la actualidad existen compañías de 39 países -entre ellos España- con presencia en el Sáhara.
En lo que se refiere a la exploración y comercialización de los recursos petroleros y gasísticos, el Gobierno marroquí cuenta con dos socios principales para ello: la irlandesa Island Oil&Gas ha conseguido varias licencias para actividades en tierra (onshore), mientras que la estadounidense Kosmos Energy cuenta con el 75% del principal yacimiento en alta mar (offshore), frente a las costas de Bojador, el más importante de la zona.

Las minas de Bucraa.

Sin embargo, las minas de fosfatos de Bucraa son las que más atención han concitado en los mercados internacionales. Se trata de uno de los yacimientos de fosfatos más grandes del planeta a cielo abierto, con una producción estimada en 2,4 millones de toneladas al año, lo que supone el 10% del total de Marruecos, según WSRW.

Inaugurada en las postrimerías del franquismo, Bucraa cuenta con una cinta transportadora de más de un centenar de kilómetros que conecta los exteriores de la mina con los muelles portuarios de El Aaiún, la capital administrativa del Sáhara y donde esta semana se han producido los incidentes más graves de los últimos 35 años entre las fuerzas de seguridad marroquíes y la población saharaui que habita allí.

Los buques cargueros transportan los fosfatos a varios países, donde son utilizados en su mayoría para la producción de fertilizantes. Un problema que se ha agravado en los últimos años es el despido de trabajadores saharauis. En 1968, bajo la ocupación española, había 1.600 saharauis trabajando en la industria del fosfato. Hoy en día la cifra se ha reducido a 200 de los 1.900 empleados que trabajan a diario en Bucraa.

El Sáhara dispone, asimismo, de uno de los mejores caladeros pesqueros del océano Atlántico. Los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, firmados en 2006 y cuya renovación se empezará a negociar el próximo mes de febrero, abarcaron por primera vez la zona costera del territorio en disputa, lo que provocó en su momento las críticas del Frente Polisario.

Los saharauis independentistas se han apoyado estos últimos años en el informe que en enero de 2002 redactó el secretario general adjunto para asuntos legales de la ONU, Hans Corell, sobre la situación jurídica en el Sáhara y que supuso un mazazo para las tesis marroquíes. En dicho texto se subrayó que si se produjeran “más actividades de exploración y explotación en contra de los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental”, todas ellas constituirían “una violación de los principios del Derecho Internacional”.

Además, Corell dejó claro, por extraño que parezca a estas alturas, que España sigue siendo la potencia administradora del territorio, con el argumento de que en los Acuerdos de Madrid -firmados en noviembre de 1975 pocos días antes de la muerte de Francisco Franco y por los que España cedió la colonia a Marruecos y Mauritania-, “no se transfirió la soberanía sobre el territorio” ni se confirió a ninguno de los signatarios “la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente”.

Pese a ello, en la crisis diplomática hispano-marroquí del año pasado tras la huelga de hambre de Aminatu Haidar, el Gobierno español “constató” por primera vez que la ley marroquí se aplica en el Sáhara, una perogrullada desde hace 35 años que, sin embargo, supuso un espaldarazo al objetivo de Mohamed VI de que la comunidad internacional acepte su oferta de autonomía para la ex colonia española.

El rey de Marruecos sabe que la pérdida del Sáhara haría tambalear a la monarquía alauí, de ahí que sus esfuerzos pasen por rechazar el referéndum de autodeterminación que su padre, Hassan II, pactó con los saharauis del Polisario para consensuar un alto el fuego en 1991 con la mediación de Naciones Unidas.

Lecciones a la prensa.

Su propio ministro de Exteriores, Taieb Fassi Fihri, quiso aleccionar a la prensa española sobre este asunto, al advertir en su última rueda de prensa en Madrid que el principio de autodeterminación no equivale a la celebración de un referéndum, ya que hay “otras fórmulas”. En estos casi veinte años de conflicto larvado, Rabat ha favorecido la supremacía de los colonos marroquíes en el Sáhara con la esperanza de que una futura consulta sobre la autonomía, organizada por la Administración marroquí, cosecharía un rotundo respaldo.

Pese a ello, su hoja de ruta tropieza con la obligación de buscar una salida al conflicto a través de la ONU. Y cualquier votación auspiciada por cascos azules y observadores internacionales que incluya la posibilidad de un Sáhara independiente es un serio peligro para los intereses de Rabat. “No se fían ni de sus propios colonos”, constatan fuentes diplomáticas españolas que siguen el dossier del Sáhara, pese a que en el último año alrededor de 2.000 saharauis de Tinduf abandonaron los campos de refugiados para instalarse en el Sáhara.

Para un extenso territorio de 260.000 kilómetros cuadrados, sus cerca de 270.000 habitantes disfrutarían de una renta per cápita altísima, al estilo de la que tienen muchos ciudadanos árabes del Golfo Pérsico, de ahí que a muchos marroquíes no les importaría convertirse en súbditos de un nuevo país si con ello van a conseguir un mejor nivel de vida. De ahí los temores de Marruecos a que un eventual referéndum se le vaya de las manos.