El europarlamentario francés de Los Verdes José Bové anunció ayer en Madrid que si el pleno Parlamento Europeo ratifica el próximo 16 de febrero el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos lo llevará a la Cortes Europea por considerar que vulnera el Derecho Internacional al incluir el Sáhara Occidental.

Acompañado por el coordinador de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara; el eurodiputado socialista Vicent Garcés; la diputada de ICV-EUiA Laia Ortiz Castellví (el PP excusó su asistencia) , y representantes de organizaciones agrarias españolas y francesas -Coag, Asaja, Fepex, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, por España, y Fnsea, por Francia-, Bové esgrimió razones económicas, sociales, medioambientales y de Derecho Internacional para oponerse un acuerdo que puede tener "consecuencias dramáticas y catastróficas" para los productores europeos de frutas y verduras, pero especialmente para los andaluces.

En el plano económico, el europarlamentario francés señaló que el acuerdo no beneficiará a los pequeños y medianos productores marroquíes, sino a las grandes empresas exportadoras, de capital mayoritariamente francés, que hacen de facto 'duping'.

Sobre las cuestiones sociales, Bové comentó que en una Europa que está sufriendo el azote del paro -se refirió a la alta tasa de Andalucía- es inasumible para este acuerdo, y destacó que, por el contrario, en Marruecos los trabajadores del campo viven en una situación de "semi esclavitud", sin sindicatos que defiendan sus derechos y cobrando 5 euros al día. "La UE no puede favorecer estas situaciones que van en contra de la OIT", agregó.

Para el conocido activista francés, el acuerdo tampoco se sostiene medioambientalmente, y dio un dato comparativo: "En Marruecos, para producir un kilo de tomates de gastan 100 litros de aguas por 10 litros en Europa". Además, añadió que en el caso del país norteafricano esa agua mayoritariamente sale de la capa freática fósil.
En cuanto a los problemas jurídicos, el europarlamentario de Los Verdes indicó que una de las grandes empresas exportadoras tiene su producción en el Sáhara Occidental. Sin entrar en el problema político de esta zona, recordó que en el acuerdo que firmó EEUU con Marruecos se excluyó este territorio por ser "incierto jurídicamente". Pese a que hasta cuatro comisarios europeos le han contestado que no existe ese problema, anunció que, en el caso de que el Parlamento Europeo ratifique el acuerdo, acudirá a la Corte Europea pidiendo que sea declarado contrario al Derecho Internacional.

Por último, Bové reclamó un esfuerzo a todos para que el 15 de febrero "seamos mayoría".

Posteriormente, los representantes de las organizaciones agrarias intervinieron para agradecer a Bové su oposición al acuerdo y para destacar el grave daño que causará al sector hortofrutícola española, así como para denunciar que el actual acuerdo no se ha cumplido.

Así, el portavoz de la Coag aseguró que se perderán 350.000 jornales anuales en la campaña del tomate. El de Asaja estimó las pérdidas en frutas y hortalizas en más de 2.200 millones de euros, y subrayó la gran incidencia que tendrá en Almería, donde unos 100.000 trabajadores dependen de este sector.

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida anunció una resolución contra los acuerdos de libre comercio que esperan pactar con Los Verdes, expresó su temor de que España se acerque a los seis millones de parados, rechazó también el acuerdo pesquero y defendió la tesis de Bové sobre el Sáhara Occidental, aunque indicó que IU entrará en la cuestión política de fondo al reivindicar el derecho de autodeterminación para este territorio.

Cabe recordar que Bové defendió con escaso éxito ante la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo el rechazo de este acuerdo. La entrada en vigor del mismo está ahora en manos de Cámara de Estrasburgo, que el próximo 16 de febrero se pronunciará.

El acuerdo permitirá a Marruecos liberalizar el 45% del valor de las importaciones de la UE, mientras que, por parte de la Unión, las importaciones procedentes del país norteafricano se liberalizarán en un 55%. El acuerdo también prevé un aumento en las concesiones en materia de hortalizas, un sector en el que los productos marroquíes constituyen el 80% de las importaciones de la Unión Europea.

El acuerdo prevé la liberalización total, en un plazo de diez años, de todos los productos agroalimentarios, como las frutas y hortalizas (a excepción de las habas, las almendras dulces o las manzanas), los cereales (salvo el trigo blando, el trigo duro y sus derivados) y los productos lácteos (con excepción de la leche líquida y de la leche entera en polvo). El sector de la pesca también se liberalizará en lo que respecta a los productos de la UE (al 91% en cinco años y al 100% en diez).

Las importaciones de los productos considerados más sensibles para el mantenimiento del sector agrícola en el territorio comunitario, como los tomates, las fresas, los calabacines, los pepinos, el ajo y las clementinas, no se liberalizarán por completo, aunque se aumenta la cuota de Marruecos para introducir en la UE, al tiempo que se mantiene el precio de entrada.