[Este artículo se actualizó el 8 de mayo de 2017]

A lo largo de las últimas semanas, una serie de municipios y regiones españolas han aprobado declaraciones exigiendo respeto al Tribunal de Justicia de la UE, en relación a la sentencia emitida el 21 de diciembre de 2016.

La sentencia puso fin a la inclusión del Sáhara Occidental en los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos, ya que consideró el territorio como separado y distinto de Marruecos. El último Parlamento regional español aprobando una declaración de este tipo fue el de Galicia el 25 de abril de 2017.

Western Sahara Resource Watch ya escribió sobre un caso similar, cuando el Parlamento del País Vasco aprobó una declaración similar el pasado 3 de marzo.

Desde entonces ha habido muchas más:

La comunidad autónoma de Extremadura el 23 de marzo, las Islas Baleares el 28 de marzo, Aragón el 30 de marzo, Cataluña el 5 de abril, Cantabria el 2 de mayo, los municipios de Ortuella el 30 de marzo, Etxebarri el 3 de abril, Rota el 20 de abril, Alcázar de San Juan el 26 de abril, y El Trabuca el 31 de marzo.

También las ciudades de Bilbao y Las Palmas, y la localidad de Villanueva del Trabuco, cerca de Málaga, han aprobado una declaración similar.

Cabe destacar que estas declaraciones han sido aprobadas por consenso, con el pleno respaldo de todos los partidos políticos, entre ellos el partido de gobierno a nivel estatal, el Partido Popular. Las numerosas declaraciones han sido iniciativa de Los Verdes/Equo.

La suma de la población de las regiones y municipios que han avalado tales declaraciones es de 24.300.000 personas, más de la mitad del total de la población española.

Los textos aprobados son variaciones del siguiente:

“Declaración Institucional para el Respeto del Derecho Internacional y Europeo en el Sáhara Occidental.
Considerando que el 21 de diciembre del 2016 el Tribunal de Justicia Europea falló que el Sáhara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos, lo cual significa que ningún acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos es aplicable en el Sáhara Occidental y que no se puede establecer ninguna actividad comercial, ni exportar los recursos naturales del Sáhara Occidental, sin el consentimiento del pueblo saharaui;

Considerando que esta sentencia es de obligado cumplimiento por parte de las autoridades europeas y nacionales, y por tanto también por parte de los ayuntamientos, cuyo deber, además de respetarla, es darla a conocer a su ciudadanía y tejido socioeconómico para su correcta aplicación;

Considerando que, según la resolución 2285 del Consejo de Seguridad de la ONU de abril de 2016, el logro de una solución política y la mejora de la cooperación entre los Estados del Magreb contribuirán a la estabilidad y la seguridad de la región;

Considerando que, como resultado del violento conflicto armado que siguió a la invasión marroquí del territorio en 1976, gran parte de la población se exilió a Argelia, donde viven hasta el día de hoy como refugiados en los campamentos de Tindouf;

Considerando que el 26 de febrero de 1976 España puso fin a su presencia en el territorio del Sáhara Occidental, violando así sus obligaciones internacionales con respecto al pueblo saharaui, sin que pudiese concluir el proceso de descolonización que estaba en curso en el marco de la ONU, España tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral con el pueblo saharaui.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria ACUERDA:
1. Llamar a que se respete y cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016 donde se establece que los acuerdos de asociación y liberalización entre Marruecos y la Unión Europea no se aplican al territorio del Sáhara Occidental.

2. Expresar su preocupación sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, incluyendo por parte de compañías europeas, en contradicción con el derecho internacional y europeo; insiste en recordar la ilegalidad de cualquier actividad comercial con el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.

3. Hacer un llamamiento a compañías europeas, españolas y canarias para que actúen conforme con el derecho internacional y europeo, de forma que cesen las actividades que puedan favorecer a la perpetuación de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y la explotación de sus recursos naturales (como por ejemplo actividades en las áreas de pesca, agricultura, extracción de fosfatos y arena, o energía renovable); y urge a las autoridades locales, regionales y nacionales españolas a implementar la legislación vigente, basándose en la reciente sentencia del TJUE.

4. Sumarse a la corriente de solidaridad de la sociedad española, que lleva años exigiendo una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable a través de un referéndum que ponga fin al conflicto del Sáhara occidental.
5. Reiterar la importancia de tener unas relaciones fuertes y plurales con nuestros vecinos marroquís y que una solución justa al conflicto del Sáhara Occidental permitiría el florecimiento de las relaciones con Marruecos”.