La recomendación de extender el acuerdo comercial UE-Marruecos al Sáhara Occidental ocupado fue apoyada por 25 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. La votación tuvo lugar en la tarde del 10 de diciembre de 2018.

En la resolución correspondiente, aprobada por 24 votos contra 9 y 3 abstenciones, los eurodiputados destacaron que "la población saharaui [local] tiene derecho al desarrollo mientras espera una solución política" sobre el estatus del Sahara Occidental.

Ningún colectivo saharaui defensor de la autodeterminación ha aceptado el acuerdo comercial propuesto. Durante la preparación del expediente, el SEAE, responsable de Asuntos Exteriores de la UE, y el antiguo relator de la comisión INTA manifestaron que el derecho al desarrollo era tan importante que resultaba necesario firmar un nuevo acuerdo. Sin embargo, eso no fue relevante para el Tribunal de Justicia de la UE. Todos los colectivos saharauis han condenado los planes de la UE para extender un nuevo acuerdo comercial con Marruecos al territorio sobre el cual los saharauis tienen derecho soberano, como sentenció el TJUE.

La moción aprobada hoy "recuerda que el TJUE no especificó en su fallo cómo debe expresarse el consentimiento del pueblo [saharaui] y, por lo tanto, considera que hay una cierta incertidumbre sobre este criterio". También el servicio jurídico del Parlamento Europeo había señalado esa incertidumbre. Pero a pesar de esas dudas jurídicas respecto a la falta de consentimiento, la Comisión INTA apoyó la propuesta.

La Comisión Europea no ha explicado cómo las 18 personas y empresas a las que había consultado son relevantes para el pueblo del Sáhara Occidental. Las 18 son empresas estatales marroquíes, institutos de investigación marroquíes, parlamentarios pro-marroquíes elegidos en elecciones ilegales en los territorios ocupados, ONGs marroquíes y grupos de empresas marroquíes. En cambio, 94 colectivos saharauis y pro-saharauis han manifestado su oposición, y han sido incluidos falsamente en el expediente de la Comisión como si hubieran participado en el proceso. No se ve cómo el Comité INTA podría creer que esas 18 conversaciones con agentes marroquíes son suficientes.

Hasta hoy, la ponente del expediente ha sido la eurodiputada francesa Patricia Lalonde, que había elaborado la recomendación y que tuvo que dimitir ante las críticas por no haber informado de que estaba trabajando como miembro del consejo de administración de un grupo de presión [lobby] pro-marroquí. Fue reemplazada repentinamente por la eurodiputada holandesa Marietje Schaake justo antes de la votación.

No se sabe si Schaake se ha reunido con algún colectivo saharaui que abogue por la autodeterminación o que se oponga al acuerdo.

La recomendación de aprobación se someterá ahora al Pleno, que se espera proceda a su votación a mediados de enero de 2019. En caso de que el Pleno respaldara la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional, el Consejo firmaría el acuerdo, y éste entraría en vigor. Y en tal caso, volverá directamente al Tribunal de Justicia, como ya ha advertido el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental.

"Lamentablemente, no nos queda más remedio que volver a remitir el asunto al TJUE", declaró el Polisario en un comunicado después del anuncio.

"Los fallos judiciales anteriores demuestran claramente que el derecho internacional está de nuestro lado. Las consecuencias de la votación de hoy van mucho más allá de las cuestiones meramente comerciales. Esta decisión se adelanta y socava el resultado de las negociaciones promovidas por el Enviado de la ONU, Sr. Horst Köhler. Instamos a nuestros socios europeos a revisar su política actual y a reorientar sus esfuerzos en los pasos positivos que la UE puede dar para apoyar los esfuerzos de Köhler e incentivar el progreso en las conversaciones [en curso], en las que el comercio puede constituir un verdadero dividendo para la paz ", señala el comunicado.

El presidente del Comité, Bernd Lange, se refirió a una carta que dice haber recibido del comisario Moscovici (TAXUD) que supuestamente describe el mecanismo de trazabilidad acordado por la Comisión Europea y Marruecos. Se supone que ese mecanismo garantiza "que los productos provenientes del Sáhara Occidental puedan rastrearse claramente, para asegurar que los beneficios de unos aranceles más bajos vayan a la población local y puedan cuantificarse", como indica el comunicado de prensa del Parlamento. 

WSRW no ha visto el texto que describe el mecanismo de trazabilidad mencionado; y tampoco está claro cuál pueda ser la relevancia de los beneficios para la "población local", dado que la mayoría de la población está formada por colonos y que el pueblo del territorio no ha dado su consentimiento a tal acuerdo. Incluso cabe dudar de que algún colectivo saharaui haya visto el texto.

La polémica votación se puede ver en la televisión del Parlamento Europeo.