El 16 de enero, el Parlamento Europeo votará la modificación de los Protocolos 1 y 4 del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, extendiendo las prerrogativas comerciales a la parte del Sahara Occidental bajo ocupación militar marroquí. 

El informe de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento (INTA), que servirá de fundamento para decidir el voto, contiene afirmaciones que inducen al error y que, además, son falsas. Aquí, el enlace al informe, con los comentarios de WSRW (en inglés).

El informe, que pide al Parlamento su apoyo a la extensión propuesta, fue redactado por la liberal francesa Patricia Lalonde, nombrada ponente del expediente y que tuvo que dimitir a primeros de diciembre de 2018 cuando salieron a la luz informaciones sobre su pertenencia al Consejo de un grupo de presión pro-marroquí. La sustituye la liberal holandesa Marietje Schaake, que hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre la propuesta ni sobre el informe redactado por su predecesora.

“Es increíble que un informe redactado por una parlamentaria europea con una agenda pro-marroquí se mantenga para su votación en el Parlamento. Hay muchas razones para dudar de la veracidad de las afirmaciones vertidas en el informe, que contiene elementos que llevan a engaño y que de hecho son incorrectos. Por ello pedimos a la nueva ponente Marietje Schaake que suspenda el procedimiento de manera que pueda hacer su propia evaluación de la propuesta y pueda redactar sus propias conclusiones sobre si se debe respaldar o no” dice Sara Eyckmans de Western Sahara Resource Watch.

Entre otras cosas el informe afirma que el Parlamento vino a “comprobar la situación de primera mano y a obtener una comprensión de los diferentes puntos de vista de la gente”.

En realidad tres delegados de la Comisión de Comercio (no del Parlamento en su conjunto) de grupos políticos que representaban sólo un 20% del Parlamento, viajaron al Sahara Occidental, pero no se les permitió evaluar con propiedad la situación sobre el terreno. El Comité sólo estuvo en la zona ocupada del Sahara Occidental y no visitó la tercera parte del territorio que está bajo el control del Polisario, ni los campos de refugiados dónde viven cerca de la mitad de los saharauis. Un 80% del programa de visitas de INTA se dedicó a encuentros con interlocutores marroquíes o con actores que tienen intereses directos ya sean económicos o políticos en que se apruebe el protocolo propuesto. Las conclusiones de “la misión INTA de búsqueda de datos” estaban bajo la exclusiva responsabilidad de la anterior ponente Lalonde. La parlamentaria Hautala, que participaba en esta misión, se distanció de estas conclusiones. 

La parlamentaria Hautala, que participaba en esta misión, se distanció de estas conclusiones. 

La parlamentaria Lalonde dimitió de su cargo tras acusaciones de conflicto de intereses. Esto debería garantizar la supresión de cualquier referencia a la misión de investigación en este informe.

El informe también Induce al engaño al decir que la falta de información sobre el origen de los productos exportados por Marruecos impide a las autoridades aduaneras de la Unión Europea cumplir con la sentencia del TJUE. La Comisión tiene la obligación de asegurar este cumplimiento y tomar medidas inmediatas y efectivas en caso de duda. Por otra parte Marruecos tiene la obligación legal de asegurar que las mercancías con un certificado de origen de Marruecos efectivamente tienen su origen en Marruecos como está determinado internacionalmente (i.e., excluyendo al Sahara Occidental).

La inclusión explícita del Sahara Occidental en el acuerdo mercantil con Marruecos tiene su razón de ser en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2016 que establece que ningún acuerdo de Asociación o de Comercio entre la Unión Europea y Marruecos puede ser aplicado al Sahara Occidental ya que Marruecos no tiene soberanía sobre el territorio ni ningún mandato internacional para administrarlo. La única manera legal para que un acuerdo semejante afecte al Sahara Occidental -dice el tribunal- sería con el consentimiento del pueblo del territorio. El tribunal aclaró que cualquier beneficio potencial del acuerdo que afecte al territorio es irrelevante; lo que importa es que el pueblo haya consentido o no.

La Comisión Europea respondió a la sentencia negociando e iniciando una modificación del acuerdo con Marruecos, no con el pueblo del Sahara Occidental, que no ha tenido ni voz ni voto en todo el proceso. En lugar de intentar su consentimiento, la Comisión Europea entabló un proceso de consulta entre 18 operadores económicos marroquíes y representantes del gobierno a la vez que afirmaban falsamente que habían tomado parte en él 94 grupos saharauis, ONGs internacionales (como la nuestra) y el Polisario. A pesar de la inconsistente base legal de la propuesta, pero más preocupados por apaciguar a su socio marroquí en los temas de migración y terrorismo, los Estados miembros de la Unión Europea han respaldado la propuesta.