Análisis en el Bundestag de la política de asentamiento de Marruecos
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Un análisis de los aspectos legales del conflicto en el Sáhara Occidental ha llevado al departamento de investigación del parlamento alemán a confirmar que hay violaciones de la Cuarta Convención de Ginebra por parte de Marruecos, que debe considerarse una potencia ocupante.

Publicado 09. May 20

El 18 de marzo de 2019, el departamento de investigación del Bundestag emitió un Informe sobre los aspectos legales del conflicto en el Sáhara Occidental. El informe se originó a petición de la parlamentaria Katja Keul (Bündnis 90 / Die Grünen).

El Informe profundiza en dos cuestiones principales: el estatus legal del Sáhara Occidental según el derecho internacional y la aplicación del derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario.

Sobre el primer tema, el estatus legal del territorio, el informe concluye que Marruecos no debe ser considerado como la potencia administradora del Sáhara Occidental, y que la noción de "potencia administradora de facto" no tiene cabida en el contexto del derecho internacional. Además, el informe deduce que el Sáhara Occidental está bajo ocupación y que "Marruecos debe considerarse la potencia ocupante".

En cuanto a la segunda cuestión, el informe concluye que la política de asentamiento en el Sáhara Occidental -descrita como la transferencia de sus propios civiles al territorio- confirma una violación de la cuarta Convención de Ginebra y del Protocolo adicional (I) de la Convención de Ginebra.

Aquí nuestro breve resumen del Informe (en inglés). También los aspectos más relevantes del informe (en inglés, traducidos por WSRW).

"Aunque no es una opinión legal, el Informe capta los principales aspectos legales del conflicto del Sáhara Occidental", dice Tim Sauer de Western Sahara Resource Watch. "Esperamos sinceramente que las empresas tomen buena nota de las conclusiones del informe: Marruecos está ocupando el Sáhara Occidental y su política de asentar a sus propios ciudadanos en el Sáhara Occidental confirma una violación del derecho internacional. No podemos imaginar que ninguna empresa responsable desee verse relacionada con semejantes prácticas".
 

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