Durante los últimos 8 años, las instituciones de la UE no han mostrado particular entusiasmo en cumplir con el propio sistema judicial de la UE en relación a las sentencias sobre el Sáhara Occidental. Ese enfoque aparentemente continúa.

A mediados de diciembre de 2022, Western Sahara Resource Watch (WSRW) recibió una invitación de Poseidon Aquatic Resource Management, empresa de consultoría pesquera, para participar en una consulta sobre los "aspectos técnicos, económicos y científicos" relacionados con las actividades implementadas bajo el Acuerdo de pesca UE-Marruecos 2019-2023.

La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de la Comisión Europea encargó a Poseidón que realizara la consulta sobre el protocolo operativo actual, "así como una evaluación prospectiva de un posible protocolo futuro", escribió la empresa a WSRW.

Lea la invitación de Poseidon a WSRW aquí.

Hoy, WSRW ha respondido que no participará en este ejercicio de consulta. “No vemos el sentido de discutir los aspectos técnicos, económicos y científicos de un acuerdo que se considera ilegal en su aplicación al Sáhara Occidental”, respondió la organización, refiriéndose a la sentencia del Tribunal General de Justicia de la UE de septiembre de 2021, que invalida la aplicación tanto del Acuerdo Comercial UE-Marruecos como del Acuerdo de Pesca al Sáhara Occidental ocupado.

El Tribunal argumentó que el pueblo del territorio -sobre el que Marruecos no tiene soberanía ni mandato administrativo- no había dado su consentimiento a través de su representación reconocida por la ONU, el Frente Polisario. La Comisión Europea apeló el fallo en diciembre de 2021. El acuerdo se ha mantenido en vigor durante el tiempo del proceso de apelación, que se espera que finalice en la segunda mitad de 2023.

De particular preocupación para WSRW es que la Comisión Europea ya esté contemplando un protocolo futuro. Sin esperar al resultado del proceso de apelación, la Comisión Europea ya encargó a Poseidon una evaluación ex ante: una evaluación inicial para identificar alternativas al protocolo actual que generarán los mayores beneficios de la inversión prevista.

“Es particularmente preocupante porque es el acuerdo el que define el ámbito de aplicación de tal protocolo. En otras palabras, el futuro protocolo tendrá el mismo ámbito geográfico de aplicación que el actual: incluidas las aguas del Sáhara Occidental ocupado, sobre las que Marruecos no tiene soberanía ni jurisdicción (véase el caso C-266/16) según el derecho internacional y la ley del mar”, escribió WSRW a Poseidon.

WSRW también ha pedido a Poseidon que aclare varios aspectos de su tarea, incluida la forma en que evalúa el riesgo para la reputación de realizar un estudio de la pesca en el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental y, por lo tanto, legitimar algo que socava el proceso de paz de la ONU en el territorio, las sentencias del TJUE y los derechos del pueblo saharaui.

Lea la respuesta completa de WSRW a Poseidon aquí.

La inmensa mayoría de las actividades pesqueras en el marco del Acuerdo de Pesca UE-Marruecos no tiene lugar en Marruecos, sino en el Sáhara Occidental ocupado. Como parte de la compensación financiera a Marruecos por el acceso a las poblaciones de peces de Marruecos y el Sáhara Occidental, la UE está financiando el desarrollo del sector pesquero marroquí. La mayor parte de ese apoyo sectorial se ha utilizado para construir infraestructura pesquera en tierras ocupadas, con la aprobación de la UE.

El Tribunal de Justicia de la UE ya anuló la aplicación del Acuerdo de Pesca UE-Marruecos en el Sáhara Occidental en 2018. El Consejo y la Comisión de la UE ignoraron las sentencias del Tribunal y abrieron negociaciones con Marruecos para modificar el acuerdo de pesca de modo que incluyera explícitamente al Sáhara Occidental en el área de aplicación definida. El pueblo del Sáhara Occidental no fue incluido en todo el proceso, y sus objeciones a la inclusión de su tierra en los acuerdos fueron ignoradas. La aplicación del acuerdo de pesca modificado en el Sáhara Occidental fue nuevamente anulada por el Tribunal General de la UE en septiembre de 2021. El proceso de apelación contra este fallo, iniciado por la Comisión y el Consejo de la UE, se completará a finales de este año.

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