Foto: Miembros del Sindicato de Transporte Ferroviario y Marítimo (Rail and Maritime Transport Union) entregaron una carta de protesta al capitán del granelero Federal Crimson, que transportaba 50.000 toneladas de fosfato desde el Sáhara Occidental ocupado hasta Nueva Zelanda. Diciembre de 2019, puerto de Lyttelton. (Crédito de la foto: RMTU) Descargar

Una evaluación de 2024 realizada por la consultora neozelandesa Tūhana Business and Human Rights afirma que importar fosforita desde el Sáhara Occidental ocupado puede alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, una revisión del resumen público del informe de evaluación revela lo contrario: un análisis que ignora deliberadamente el derecho internacional, aplica de forma torticera los principios de derechos humanos y corre el riesgo de legitimar una de las ocupaciones no resueltas más prolongadas del mundo. El informe fue encargado por la Asociación de Fertilizantes de Nueva Zelanda (FANZ), que cuenta con dos miembros, ambos importadores de roca fosfórica desde el Sáhara Occidental ocupado.

Durante décadas, las dos cooperativas agrícolas neozelandesas han importado roca fosfórica de la mina de Bou Craa en el Sáhara Occidental, un territorio reconocido por las Naciones Unidas como no autónomo y sin potencia administradora. La Corte Internacional de Justicia ha concluido que Marruecos no tiene soberanía sobre el territorio y ha reconocido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, conclusión que han reiterado otros tribunales internacionales en años recientes. Sin embargo, ese contexto se omite en la evaluación de Tūhana.

Convertir un derecho humano fundamental en "contexto de fondo"

El tratamiento que hace Tūhana del derecho a la autodeterminación es chocante.

En lugar de reconocerlo como una norma jurídica vinculante, el informe lo enmarca como una "disputa política" que "precede y trasciende" la actividad empresarial. Este enfoque no es sólo cuestionable: es fundamentalmente incompatible con el derecho internacional.

El derecho a la autodeterminación no es una mera preocupación marginal. Es una piedra angular del derecho internacional, consagrada en la Carta de la ONU y afirmada por tribunales como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos órganos han sostenido sistemáticamente que el Sáhara Occidental es separado y distinto de Marruecos, y que se requiere el consentimiento del pueblo saharaui para las actividades económicas que afecten a sus recursos.

Al tratar este derecho fundamental como algo externo a la responsabilidad empresarial, Tūhana elimina efectivamente la cuestión central de su análisis y, al hacerlo, vacía de contenido el marco de derechos humanos que afirma aplicar.

Una interpretación sesgada de la responsabilidad empresarial

El informe concluye que los importadores neozelandeses no están "causando" ni "contribuyendo" al daño, sino que simplemente están "directamente vinculados" a posibles impactos.

En el informe disponible públicamente, esta conclusión se afirma sin demostrarse.

La extracción y exportación de un recurso finito desde un territorio ocupado sin el consentimiento de su pueblo no es una transacción neutral. Genera ingresos, sostiene infraestructuras y otorga legitimidad a la presencia de la potencia ocupante.

En el marco de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, dicha implicación plantea serias interrogantes sobre la contribución al daño, especialmente en un contexto en el que la actividad económica puede consolidar una situación ilícita.

La interpretación restrictiva de Tūhana corre el riesgo de sentar un precedente peligroso: que las empresas puedan permanecer como participantes pasivas en economías de ocupación sin responsabilidad alguna.

En 2018, el Tribunal Superior de Sudáfrica dictaminó que un cargamento de fosfato exportado desde el Sáhara Occidental hacia Nueva Zelanda había sido adquirido ilegalmente, al no haber contado el pueblo saharaui con su consentimiento para el comercio. Numerosos inversores internacionales, como el Fondo de Pensiones del Gobierno noruego, han llegado a conclusiones similares, lo que ha llevado a todas las empresas cotizadas en bolsa a nivel mundial a abandonar este nicho de negocio.

Consulta sin consentimiento

El informe reconoce las restricciones a la libertad de expresión en el Sáhara Occidental, pero aun así se apoya en procesos de participación de las partes interesadas realizados bajo control marroquí.

Este proceso de participación, a su vez, confunde la consulta con el consentimiento.

El derecho internacional es claro: el estándar pertinente es el consentimiento del pueblo del territorio. Los procesos de consulta llevados a cabo en un entorno represivo no pueden satisfacer este requisito.

Al rebajar este umbral, la evaluación corre el riesgo de proporcionar un modelo para eludir derechos fundamentales en contextos políticamente sensibles.

Justificar la explotación a través de la dependencia

Quizás lo más llamativo es que el informe sugiere que detener la extracción de fosfato podría perjudicar a las comunidades locales al reducir el empleo y la inversión.

Este argumento reproduce un patrón familiar: la dependencia económica se invoca para justificar la explotación continuada.

Sin embargo, el derecho internacional no permite que los derechos fundamentales sean sacrificados en aras de beneficios económicos a corto plazo, especialmente cuando dichos beneficios se derivan de una situación ilícita. Sugerir lo contrario corre el riesgo de normalizar las propias estructuras que sostienen la ocupación.

Ignorar la realidad jurídica

El informe de Tūhana se distancia explícitamente del análisis jurídico. Sin embargo, la diligencia debida en materia de derechos humanos no puede realizarse en un vacío legal.

La evaluación no aborda de manera significativa el estatuto del Sáhara Occidental como territorio no autónomo, el derecho de la ocupación ni el creciente cuerpo de jurisprudencia que rechaza la explotación de recursos sin consentimiento.

Sin este contexto jurídico, las conclusiones del informe carecen de credibilidad. WSRW ha solicitado a FANZ que obtenga la versión completa del documento.

Una cuestión de independencia

Más allá del contenido de la evaluación, surgen serias interrogantes sobre su independencia.

Tim Gibson, director de Tūhana, también ha ejercido como director y presidente de Port Otago Ltd, una empresa portuaria que recibe envíos de roca fosfórica procedentes del Sáhara Occidental.

Esta doble función suscita preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses. Incluso en ausencia de beneficio económico directo, la coincidencia entre asesorar sobre la legitimidad de las importaciones de fosfato y dirigir la infraestructura que facilita y se beneficia de dichas importaciones plantea interrogantes en términos de conflicto de intereses.

En el ámbito de las empresas y los derechos humanos, donde la credibilidad depende de la independencia, esto debería importar. El resumen público del informe de Tūhana no detalla con claridad cómo se gestionó cualquier conflicto de este tipo.

La controversia en torno al papel de Port Otago en el expolio del Sáhara Occidental es conocida desde hace años.

Un asesoramiento en derechos humanos que socava los derechos humanos

La evaluación de Tūhana ofrece garantías a las empresas que importan fosfato del Sáhara Occidental al marginar el derecho a la autodeterminación, reducir el alcance de la responsabilidad corporativa, erosionar el estándar del consentimiento y pasar por alto el marco jurídico que rige la ocupación.

Al hacerlo, corre el riesgo de lograr el efecto contrario al que la diligencia debida en materia de derechos humanos pretende garantizar. En lugar de proteger los derechos del pueblo saharaui, el informe puede contribuir a su marginación continuada.

Una industria silenciosa

Western Sahara Resource Watch ha solicitado a Tūhana que aclare su metodología, explique su razonamiento jurídico y responda a preguntas detalladas sobre sus conclusiones a través de sendas cartas sin respuesta enviadas el 16 de marzo de 2023 y el 21 de febrero de 2024. La única respuesta fue un breve mensaje en 2023, en el que Tim Gibson, en nombre de Tūhana, indicaba que "el trabajo con nuestros clientes está en curso y nos pondremos en contacto con las partes interesadas a su debido tiempo".

La carta enviada a Tūhana el 9 de abril de 2026, anunciando la publicación de este artículo, sí obtuvo respuesta, aunque sin contestar ninguna de las preguntas planteadas. La respuesta señalaba que "entendemos que FANZ recabó asesoramiento jurídico sobre el aprovisionamiento, además de solicitar nuestro asesoramiento sobre la aplicación de los Principios Rectores de la ONU al aprovisionamiento. Respaldamos nuestras conclusiones. Sus lectores pueden encontrar un resumen de dichas conclusiones en una Declaración de Conclusiones disponible aquí". Esa respuesta ignora por completo que nuestras preguntas se basaban precisamente en el resumen de conclusiones al que nos remitieron.

WSRW escribió a la Asociación de Fertilizantes de Nueva Zelanda el 9 de abril de 2026 sin obtener respuesta.

La carta enviada a Ballance Agri-Nutrients el 9 de abril de 2026 dio lugar, por primera vez desde 2014, a una respuesta sin contenido sustancial, que remite a su página de posicionamiento sobre el Sáhara Occidental, la cual había sido precisamente el punto de partida de varias de las preguntas que se les formularon.

WSRW también solicitó a Tim Gibson, quien había sido el interlocutor de WSRW en relación con la evaluación en 2023, que revelara cómo se habían abordado y gestionado los conflictos de intereses. Gibson respondió el 21 de abril de 2026 que "he comunicado de manera sistemática a Port Otago mi vinculación con Tūhana" y que "no participé personalmente en la evaluación".

WSRW también preguntó a Port Otago el 15 de abril de 2026, empresa en la que Gibson ha sido director y presidente desde 2016, cuánto había ingresado la compañía gracias a este comercio. El puerto no ha respondido.

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