Las organizaciones Alqandil de Pêche Maritime, Ennawrass de Pêche Maritime y la Asociación de marineros que trabajan en los buques pesqueros, todas ellas registradas oficialmente, han llevado su caso a la Comisión Europea.

En una declaración emitida el pasado 30 de junio, las organizaciones denunciaron que apenas un escaso porcentaje de la población de Dajla es empleada en el sector pesquero del Sahara Occidental, a pesar de las continuas declaraciones de las autoridades de Marruecos de haber realizado ingentes inversiones en el puerto.

En la declaración de las organizaciones se puede leer que “Mientras que la exclusión y la corrupción son frecuentes en la administración marroquí en la región, inversiones adicionales devastadores han destruído la clase media de la población; 42% de ellos se ganaron la vida en el sector pesquero antes de que la administración marroquí se había instalado. Pero en los últimos 15 años, esta proporción se ha reducido a 4,9%”.

“El Ministerio marroquí de Pesca ha limitado todas sus inversiones e intereses en la explotación, en conformidad con los deseos de los grupos de presión y las empresas, que no tienen ningún otro principio que obtener beneficios. El Ministerio de Pesca y el Estado marroquí se refiereren constantemente a las inversiones y el desarrollo en la región, mientras que en realidad no están llevando a cabo cualquier esfuerzo en el terreno para incluir a la población local y hacer que la gente beneficien de esta supuesta "inversión", ni para crear puestos de trabajo para la población local en el sector pesquero en la región o en los proyectos de desarrollo vinculados a ese sector”.

Los Estados Miembros de la EU respaldan el acuerdo de pesca, a pesar de la falta de evidencias sobre sus beneficios a los saharauis.

El pasado 13 de Julio, el Consejo de Ministros de la UE dieron luz verde formalmente a la tan controvertida y criticada prórroga del acuerdo de pesca con Marruecos por un año. La votación, en la que se pudo reflejar la división de los Estados Miembros, sólo contó con una mayoría cualificada a favor de la prórroga. Por el contrario, Suecia, Dinamarca, Austria, Finlandia, Chipre Reino Unido y los Países Bajos no apoyaron la prórroga ante la falta de evidencias de que el acuerdo sea ventajoso para los saharauis.

Esta decisión está totalmente sustentada por el dictamen jurídico de la ONU de 2002, que no sólo señala a los intereses de los saharauis sino, también, al requisito necesario de su consentimiento previo al desarrollo de actividades económicas en el Territorio No Autónomo. La prueba de que los saharauis no han consentido está en el informe jurídico del propio Parlamento Europeo, que ya en 2009 solicitó la suspensión del acuerdo.

Una pésima gestión del banco de pesca

En su declaración, las asociaciones de Pescadores de Dajla se lamentan de la pésima gestión que las autoridades ocupantes están realizando del rico banco pesquero saharaui, denunciando “graves abusos que contribuyen al agotamiento de las poblaciones de peces diariamente”.

Según los Pescadores, la flota marroquí continua utilizando artes de pesca prohibidas, como redes de arrastre y deriva. Según el acuerdo de pesca firmado por la UE en 2007, Marruecos ha recibido de los contribuyentes europeos la nada despreciable cifra de un millón de Euros al año cuyo objetivo era eliminar artes de pesca destructivas como las que todavía se siguen usando en aguas del Sahara Occidental ocupado.

Los pescadores denuncian “el control irresponsable y corrupto de los buques extranjeros” presentes en sus aguas como un importante factor de agotamiento de los recursos pesqueros. La falta de un control eficiente en barcos de bandera marroquí, rusa o portuguesa es particularmente abundante en aguas del territorio ocupado.