El próximo mes, el historial de derechos humanos de España será revisado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. WSRW pide a los Estados miembros de la ONU que mejoren los derechos del pueblo del Sáhara Occidental, hacia quien España mantiene su responsabilidad.
Cada cuatro o cinco años, todos los Estados miembros de la ONU deben informar sobre sus avances en materia de derechos humanos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en virtud del denominado Examen Periódico Universal (EPU).
Está previsto que España sea evaluada según el mecanismo del EPU el 22 de enero de 2020. WSRW destaca que España debe ser responsable de su recorrido en materia de derechos humanos dentro del territorio que nunca ha descolonizado ni legal ni responsablemente: el Sáhara Occidental.
España tiene el deber de descolonizar el territorio del Sáhara Occidental y sigue teniendo responsabilidades para con el pueblo originario de la región, el pueblo saharaui. Esto fue confirmado en dos sentencias de la Audiencia Nacional de España en 2014 y 2015, que establecen que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, haciéndose eco de la Carta de la ONU, y de la Opinión Legal de la ONU de 2002 sobre los recursos minerales del Sáhara Occidental.
Sin embargo, a lo largo de las revisiones del EPU de España de la última década, no se han realizado progresos para promover el derecho a la autodeterminación en el Sáhara Occidental, ni España ha informado sobre sus obligaciones de descolonizar y garantizar el bienestar de la gente del territorio.
A principios de este año, Western Sahara Resource Watch (WSRW), en colaboración con la organización española NOVACT, presentó un informe paralelo, recomendando a España que respete, proteja y cumpla sus obligaciones de derechos humanos frente al pueblo del Sáhara Occidental, en particular el derecho a la libre determinación y el derecho a sus recursos naturales.
"España es la única que está obligada a garantizar la autodeterminación del pueblo saharaui", se lee en el informe, que hace referencia a los propios tribunales españoles y al derecho internacional.
Pero en lugar de trabajar por el ejercicio de la autodeterminación, España manifiestamente falta a sus deberes, contraídos en virtud de la Carta de la ONU, para satisfacer obstinadamente sus propios intereses económicos, en lugar de preocuparse por los intereses del pueblo saharaui. Mientras ignora descaradamente a los saharauis, España trabaja con Marruecos para tener acceso a los recursos del Sáhara Occidental, o se involucra en proyectos que consolidan la ocupación de Marruecos.
Descargue el informe aquí.
"Hacemos un llamamiento a todos los Estados miembros de la ONU para que aborden las responsabilidades que España tiene con respecto a los derechos del pueblo saharaui", afirmó la coordinadora de WSRW, Sara Eyckmans.
El informe se presentó oficialmente en Ginebra el 10 de diciembre de 2019.
GE Vernova, Siemens Energy y Larsen & Toubro se encuentran entre las multinacionales que habrían expresado su interés en ayudar a Marruecos a transportar la energía generada en el Sáhara Occidental ocupado hasta Marruecos.
Hoy, refugiados del Sahara Occidental organizaron una manifestación contra las compañías energéticas Siemens y Enel. Estas dos compañías se niegan a acatar las exigencias de las NNUU por las que deberían pedir el consentimiento de los saharauis si pretenden construir molinos para Marruecos en su tierra ocupada.