En abril 2014, la compañía de fosfatos propiedad del estado marroquí, Office Chérifien des Phosphates (OCP), entró en la Bolsa de Valores de Irlanda con una primera emisión de bonos de 1.550 millones de dólares americanos. Dos tipos de bono están disponibles; un bono a 10 años con un interés del 5,625% y un bono a 30 años a un interés de 6,875%.

El fondo de pensiones holandés para diseñadores gráficos PGB ha excluido a OCP de su cartera en otoño del 2015, por “violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental”.

Desde que Marruecos invadiera el Sáhara Occidental en 1975, OCP se hizo cargo de la gestión de la mina de fosfatos del territorio en Bou Craa. El departamento jurídico del Consejo de Seguridad de la ONU concluyó en 2002 que la explotación y exploración de las reservas minerales del Sáhara Occidental constituyen una violación de la ley internacional si no se realizan según los deseos y en beneficio del pueblo saharaui – los propietarios legítimos de estos recursos.

Durante años, los saharauis han protestado contra el comercio ilegal de fosfatos extraídos en su patria ocupada. En los últimos meses, es visible un resurgimiento de las protestas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, sobre todo dirigidas contra OCP. Los saharauis se sienten frustrados, ya que los empleos que genera la explotación de sus recursos van a parar de forma masiva a colonos marroquíes. Ellos exigen su derecho al trabajo, y –como rezan las pancartas de las protestas- “un reparto justo de nuestra propia riqueza”. El régimen marroquí trata estas protestas como lo hace con cualquier otra forma de disidencia: con fuerza bruta.

Desde hace décadas, Marruecos ha estado vendiendo la lucrativa roca fosfórica del Sáhara Occidental como si tuviera derecho a hacerlo. Las ganancias se han reinvertido en la costosa ocupación del Sáhara Occidental.

Los negocios de OCP en la Bolsa irlandesa los gestionan Barclays, Morgan Stanley y JP Morgan; corporaciones multinacionales de servicios financieros con sede en Reino Unido y EEUU.