El empresario sevillano Rodrigo Rodríguez, víctima de la extorsión por parte de las instituciones marroquíes, lleva ya más de 2o días en huelga de hambre en la estación de Santa Justa, en Sevilla. WSRW ya publicó el pasado 30 de octubre una noticia sobre las irregularidades, abusos y extosiones sufridas por algunos empresarios españoles en territorio marroquí.
El empresario sevillano Rodrigo Rodríguez, dedicado al sector de la construcción, ha cumplido hoy su vigésimo día en huelga de hambre en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla, donde permanece día y noche para denunciar la extorsión de la que ha sido víctima en Marruecos y la dejadez de las autoridades consulares españolas que, según Rodríguez, sólo le dicen que hay que esperar a que la justicia marroquí siga su curso. Según ha declarado a WSRW, el problema es que, mientras tanto, Rodríguez se ha quedado sin nada pero su socio marroquí, la empresa ADDOHA, se ha quedado con todo, tras expulsarle con violencia y amenazas del proyecto que estaba construyendo desde hace catorce meses en Tánger. Según Rodríguez, él ha invertido más de cuatro millones de euros, incluidos 600.000 euros en materiales y herramientas, y aportó a las obras el personal especializado.

A pesar de que interpuso la denuncia correspondiente, Rodríguez tuvo que salir de Marruecos al comprobar que su integridad física corría peligro y al saber de la experiencia de otros empresarios españoles que habían terminado detenidos cuando ejercían sus protestas y la defensa de sus intereses por casos de extorsión similares.

Rodríguez ha asegurado a WSRW que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como la Embajada española tienen la información de su caso y que las acciones judiciales emprendidas en Marruecos no han prosperado como deberían pues aunque el juez entiende que ha habido una transgresión de los contratos ha dicho que todo tiene que seguir su curso legal. La espera es precisamente lo que Rodríguez no puede asumir porque las deudas le agobian y no ha podido terminar las obras para poder empezar a cobrar beneficios.

El empresario es miembro de la "Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos", cuyo presidente, Francisco de Arratia, que ha hablado con WSRW, ha asegurado que esta asociación agrupa a una treintena de empresarios que, en total, reclaman algo más de 200 millones de euros. Según De Arratia, en la Embajada de España en Marruecos, se acumulan los expedientes de casos similares al de Rodríguez y solo se les dice que “hay que esperar a que la justicia marroquí siga su curso.

El caso del empresario extorsionado en Marruecos, que lleva años denunciando su caso y que ha perdido sus inversiones en Tánger, y también su salud, podría servir de experiencia al resto de empresarios españoles que se aventuran a invertir en ese país. La inseguridad jurídica y la falta de escrúpulos de grupos poderosos, bien conectados con los círculos financieros y políticos del régimen alahuí hacen que cualquier inversión empresarial española esté sujeta a grandes riesgos. En el caso de Marruecos, estos casos son ya de por si escandalosos, pero en el caso del Sáhara Occidental el empresario que se aventurase a invertir allí, tendría que saber que a los problemas con la justicia marroquí, habría que añadir los que tendría también con los grupos de defensa de derechos del pueblo saharaui que denuncian los negocios y explotación de unos recursos por parte de extranjeros que incumplen de ese modo las resoluciones de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Esta experiencia es un ejemplo más de que en Marruecos no hay seguridad jurídica para los empresarios extranjeros que invierten su dinero al tiempo que el gobierno español sigue animando a empresarios españoles a ir a Marruecos a invertir.