Este artículo es un editorial de Western Sahara Resource Watch.

El 29 de enero de 2026, tras el decimoquinto Consejo de Asociación UE-Marruecos en Bruselas, se presentó un comunicado conjunto como una celebración de la alianza, los valores compartidos y el respeto al derecho internacional. Sin embargo, al leerlo detenidamente, particularmente en su tratamiento del Sáhara Occidental, la declaración expone profundas contradicciones, omisiones legales y una hipocresía política que no puede conciliarse con los principios que la Unión Europea dice defender.

Un plan de autonomía sin fundamento ni consentimiento

Una vez más, se invoca el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la supuesta base para una solución "justa, duradera y mutuamente aceptable". Este plan lleva ya casi dos décadas sobre la mesa. Sin embargo, a pesar de los repetidos avales diplomáticos, sigue estando notablemente desprovisto de detalles concretos. No se ha acordado públicamente ningún diseño institucional, no se han articulado garantías, no se ha aclarado una hoja de ruta para su implementación, ni tampoco se ha establecido ningún mecanismo para garantizar que la voluntad del pueblo saharaui se exprese de manera genuina y libre.

Esta vaguedad perenne plantea una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto se puede tomar en serio a Marruecos con respecto a una propuesta que ha promovido durante veinte años sin someterla jamás a escrutinio, negociación o validación democrática? Una propuesta de autonomía que existe principalmente como un punto de conversación diplomático (en lugar de como un marco político claramente definido) no puede calificarse de manera creíble como una vía hacia la autodeterminación.

Crucialmente, la autonomía introducida por un régimen ocupante no puede equipararse a una expresión de autodeterminación. El derecho internacional es claro: la autodeterminación es un derecho de los pueblos, no una opción política conferida desde arriba por una potencia de ocupación. Un esquema de autonomía impuesto desde arriba, diseñado y controlado por el estado ocupante, es fundamentalmente incompatible con la noción de autodeterminación tal como se entiende bajo la Carta de la ONU y el derecho internacional en materia de derechos humanos. Sin embargo, la declaración conjunta trata la propuesta marroquí no como un posible resultado de un proceso de autodeterminación, sino como el proceso en sí mismo.

Un proceso nunca sometido a la verdadera voluntad de autodeterminación del pueblo saharaui

El plan marroquí de autonomía nunca ha sido puesto a prueba mediante un acto libre y justo de autodeterminación que involucre al pueblo saharaui. No ha habido referéndum, por lo que no ha habido oportunidad para que los saharauis elijan libremente entre la independencia, la integración o la autonomía.

En cambio, la declaración respalda negociaciones "sin condiciones previas" pero ya ancladas al plan de autonomía de Marruecos. Esto condiciona necesariamente el resultado y despoja al proceso de su carácter autodeterminante. Un marco de negociación en el que la solución preferida por una de las partes se trata como la única base para la discusión no es un proceso político neutral: es un ejercicio de normalización de un statu quo ilegal.

El silencio sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Quizás la omisión más llamativa en el comunicado conjunto es su completa incapacidad para hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Durante la última década, el TJUE ha emitido una serie de sentencias históricas que afirman que el Sáhara Occidental es un territorio "separado y distinto" de Marruecos, y que el pueblo saharaui posee el derecho a la autodeterminación.

El Tribunal ha dictaminado además que los acuerdos UE-Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. Estas sentencias no son opiniones legales marginales: son interpretaciones vinculantes del derecho de la UE. Al ignorarlas por completo, la declaración conjunta señala una voluntad preocupante por parte de las instituciones de la UE de eludir su propio ordenamiento jurídico cuando la conveniencia política lo exige.

Este respeto selectivo por el estado de derecho socava la credibilidad de la UE no solo en el Sáhara Occidental, sino también a nivel mundial. Una Unión que se enorgullece de ser una "comunidad de derecho" no puede defender legítimamente la legalidad internacional mientras pasa por alto tácitamente a sus propios tribunales.

Esta omisión es aún más llamativa dado que la impugnación legal que rodea el compromiso de la UE con Marruecos y el Sáhara Occidental dista mucho de ser teórica: está en curso. El 27 de diciembre de 2025, el Frente Polisario presentó una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea dirigida contra la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Marruecos adoptado en octubre de 2025. El desafío subraya que incluir productos del Sáhara Occidental bajo un trato preferencial y etiquetarlos de manera que eviten el reconocimiento territorial requerido judicialmente viola las sentencias vinculantes del TJUE que han afirmado consistentemente que el Sáhara Occidental es "separado y distinto", precisamente la jurisprudencia que la declaración conjunta no logra reconocer.

Ucrania y el Sáhara Occidental: un doble rasero al descubierto

El comunicado conjunto reafirma contundentemente el apoyo a "la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas". Este lenguaje es inequívoco, y con razón. Sin embargo, cuando se yuxtapone con la posición de la UE sobre el Sáhara Occidental, expone un doble rasero marcado e incómodo.

El Sáhara Occidental, al igual que Ucrania, es reconocido por el derecho internacional como un territorio distinto. Su pueblo, al igual que los ucranianos, posee el derecho a determinar su futuro político libre de coerción externa. La ONU nunca ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, tal como nunca ha reconocido los intentos de anexión de Rusia en Ucrania.

Defender la integridad territorial y las fronteras internacionales en Europa mientras se respalda un plan de autonomía impuesto por una potencia ocupante en África no es una diplomacia de principios: es selectividad geopolítica. Tal inconsistencia erosiona la universalidad del derecho internacional y envía un mensaje dañino: que los derechos de algunos pueblos son negociables, dependiendo de los intereses estratégicos.

Ya en 2015, el departamento de políticas del Parlamento Europeo emitió un informe que pedía coherencia en el enfoque de la UE hacia las ocupaciones del Sáhara Occidental y Crimea. 

Colaboración a expensas de los principios

La asociación UE-Marruecos se describe en la declaración como basada en valores compartidos, respeto al derecho internacional y un orden internacional basado en normas. Sin embargo, en lo que respecta al Sáhara Occidental, esos valores están notablemente ausentes. En lugar de reafirmar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, la declaración replantea el tema como una disputa técnica que debe resolverse mediante una fórmula de autonomía ideada por la potencia ocupante.

Al hacerlo, la UE corre el riesgo de pasar de ser un actor neutral comprometido con la descolonización a convertirse en un cómplice de su postergación indefinida. Una asociación que requiere el sacrificio de la coherencia legal y los derechos humanos no es una asociación de valores: es una asociación de conveniencia.

La ley no puede ser parcial

La declaración conjunta UE-Marruecos pide ser leída como una reafirmación del derecho internacional y el multilateralismo, pero, en lo que respecta al Sáhara Occidental, logra justo lo contrario.

Al promover un plan de autonomía indefinido, ignorar las sentencias vinculantes del TJUE y aplicar dobles estándares en comparación con Ucrania, la declaración socava el mismo orden legal que dice defender.

Si la UE se toma en serio un sistema internacional basado en normas, debe aplicar esas normas de manera universal. La autodeterminación no puede ser condicional, diferirse indefinidamente o ser reemplazada por una autonomía impuesta desde arriba. Hasta que al pueblo saharaui se le permita decidir libre y genuinamente su futuro, ninguna cantidad de lenguaje diplomático podrá transformar la ocupación en legitimidad.