Western Sahara Resource Watch (WSRW) ha tenido acceso a un documento muy controvertido, fechado el 13 de enero de 2023, escrito por la Comisión Europea. El documento es del tipo documento de trabajo de los servicios de la Comisión, y su contenido aborda lo que la Comisión denomina “las ventajas para el pueblo del Sáhara Occidental” de implementar el acuerdo comercial UE-Marruecos en la última colonia de África.

Hasta el momento, seis sentencias consecutivas del Tribunal de Justicia de la UE han declarado ilegal la aplicación de los acuerdos bilaterales UE-Marruecos, incluido el acuerdo comercial que es objeto del documento. Aparentemente, la Comisión Europea no se ha molestado en tener en cuenta nada de los diez últimos años de jurisprudencia.

El informe aún no está publicado en la web de la UE, pero se puede descargar aquí.

La introducción del informe explica que el documento es una respuesta a una solicitud del Parlamento Europeo “que desea ser informado periódicamente sobre los efectos de la aplicación de preferencias arancelarias a los productos del Sáhara Occidental y los posibles beneficios para las poblaciones afectadas”.

Lo que el informe omite es que esta solicitud del Parlamento tiene sus raíces en otro documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 2018, que contenía errores en muchos niveles. Uno de esos errores era el argumento de la Comisión Europea de que el fallo del Tribunal de la UE de diciembre de 2016, que prohibía la aplicación del acuerdo comercial UE-Marruecos sobre el Sáhara Occidental por no haber sido consentido por el pueblo del territorio, permitía continuar el acuerdo si era en beneficio de la población que allí vive.

Cabe señalar que este enfoque ya había sido declarado irrelevante por el Tribunal de Justicia de la UE en diciembre de 2016 y nuevamente en la sentencia más reciente del Tribunal General de 2021.

El nuevo informe del 13 de enero de 2023 no hace referencia a las seis sentencias consecutivas del Tribunal de Justicia de la UE, todas ellas prohibiendo la aplicación de los acuerdos bilaterales UE-Marruecos al Sáhara Occidental. En cambio, una única frase en el documento de 28 páginas dice que “sigue siendo relevante y válido presentar este informe periódico sobre el impacto del acuerdo” mientras el acuerdo que “fue anulado por la sentencia del Tribunal General” está bajo apelación. La Comisión no ofrece explicaciones sobre los argumentos que ha presentado sistemáticamente el Tribunal de Justicia de la UE: que, dado que el Sáhara Occidental es un territorio "separado y distinto" de Marruecos, y que este último no tiene ni soberanía ni mandato administrativo sobre el territorio, los acuerdos bilaterales UE-Marruecos no pueden afectar legalmente al Sáhara Occidental a menos que cuenten con el consentimiento del pueblo del territorio, expresado a través del representante del pueblo reconocido por la ONU, el Frente Polisario. Como nunca se ha dado ese consentimiento, los acuerdos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental.

De hecho, la palabra “consentimiento” no se menciona ni una sola vez en todo el informe.

El nuevo documento de trabajo de la Comisión, “Informe de 2022 sobre el efecto y los beneficios para el pueblo del Sáhara Occidental en relación con la extensión de las preferencias arancelarias a los productos originarios del Sáhara Occidental”, parece ignorar sistemáticamente las sentencias y los argumentos del propio tribunal supremo de la UE. Más bien, se centra en un enfoque que ha sido rechazado por el Tribunal dos veces, el de los beneficios, a un acuerdo que en sí mismo se considera ilegal en el Sáhara Occidental.

Si bien la portada del informe contiene el término “pueblo”, ese concepto no se encuentra en ninguna otra parte en todo el documento.

En todo momento, la Comisión utiliza constantemente el término “población”, que es un concepto legal completamente diferente: la población actual del Sáhara Occidental consiste principalmente en colonos marroquíes, mientras que el pueblo del Sáhara Occidental es una minoría en su tierra natal, ya que muchos saharauis viven en campos de refugiados en Argelia o en la diáspora. Los saharauis que han huido del Sáhara Occidental tras la invasión y anexión de Marruecos, por lo tanto, no se tienen en cuenta en absoluto para este informe.

El documento contiene datos de producción y exportaciones del Sáhara Occidental de 2021 (ocasionalmente también de parte de 2022) y tiene un capítulo sobre “derechos fundamentales”. El documento explica que la información del informe se obtuvo principalmente a través de intercambios con el Gobierno del país vecino del Sáhara Occidental, Marruecos.

“En un contexto en el que la falta de estatus legal de Marruecos sobre el Sáhara Occidental ha sido reiterada una y otra vez por el Tribunal de Justicia de la UE, donde Marruecos se niega a cooperar con la UE en cuestiones como la migración o la lucha contra el terrorismo cuando percibe alguna crítica sobre su presencia en el Sáhara Occidental, donde una investigación policial revela que Marruecos ha utilizado sobornos para influir en la toma de decisiones de la UE a favor de su insostenible ocupación del Sáhara Occidental, es muy difícil entender por qué la Comisión Europea acepta a Marruecos como referente en todo lo relacionado con el Sáhara Occidental”, dice Sara Eyckmans de WSRW.

Sin embargo, el informe afirma que la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) se han puesto en contacto con "una amplia gama de entidades con diferentes grados de interés y representatividad en el territorio", invitándolas "a proporcionar información relevante sobre el impacto del acuerdo en la población y sobre el uso de los recursos naturales”.

El fallo del Tribunal de la UE de 2021 rechazó el enfoque de consultar a las partes interesadas. En cambio, argumentó la Corte, es necesario obtener el consentimiento del representante del pueblo del Sáhara Occidental para aplicar el acuerdo comercial al territorio. Ese representante, según la Corte, es el que la ONU reconoce como tal: el Frente Polisario. Aparte del Frente Polisario, que se negó a participar en la consulta, ninguno de los grupos enumerados en el informe representa al pueblo del Sáhara Occidental, incluyendo WSRW.

Aquí se encuentran las razones por las que WSRW se negó a participar en la consulta.

La principal conclusión del informe es que la aplicación del acuerdo comercial UE-Marruecos al Sáhara Occidental tiene efectos positivos "en términos de producción y exportación, y crea empleo e inversiones". Las exportaciones a la UE continúan mostrando una tendencia al alza, se lee en el documento, por lo que el acuerdo hace que la producción en el Sáhara Occidental sea competitiva y permite el desarrollo de los dos sectores que se ven principalmente afectados por él: la agricultura y la pesca.

El informe cubre principalmente el sector de la agricultura y la pesca en el Sáhara Occidental. Vale la pena recordar que el acuerdo comercial UE-Marruecos cubre tanto productos agrícolas como productos pesqueros, como pescado congelado, pescado enlatado, aceite y harina de pescado, etc. No rige las actividades pesqueras de la UE en Marruecos que son objeto del Acuerdo de pesca UE-Marruecos.

A continuación se resumen algunos de los principales elementos establecidos en el documento de trabajo.

Con respecto a la agricultura:

• La UE solo importa de la región administrativa denominada por Marruecos como “Dakhla - Oued Eddahab”. En 2021, el 85,3% de la producción agrícola de esa región se exportó a la UE: 65.700 toneladas de una producción total de 77.000 toneladas terminaron en la Unión. El valor de estas exportaciones fue de 77,5 millones de euros: 66,3 millones de euros por tomates y 11,2 millones de euros por melones.
• Los derechos de aduana no aplicados para 2021 ascienden a 8,7 millones de euros.
• Si bien el informe no pudo dar cifras completas para 2022, la tendencia de exportación de los tres primeros trimestres del año está a la par de 2021.
• En 2022 se importó un nuevo producto agrícola a la UE: durante los tres primeros trimestres de 2022 se importaron alrededor de 44 toneladas de pimientos, por un valor de 43.614 €.
• Ninguno de los productos agrícolas se importa directamente del territorio ocupado. Se envasan en Agadir, en Marruecos propiamente dicho, y allí se someten a controles fitosanitarios antes de enviarse a la UE.
• El informe afirma que las reservas de agua en el Sáhara Occidental son insuficientes en comparación con las necesidades del territorio. La actividad agrícola se nutre en gran medida de las reservas subterráneas, que también sirven como suministro de agua potable. El documento informa sobre la planta desalinizadora eólica prevista en Dajla (proyecto llevado a cabo por Engie), que dará servicio a otras 5.000 hectáreas de tierras de cultivo de regadío en el territorio ocupado, como elemento atenuante.

Con respecto a los productos de la pesca:

• En 2021, la UE importó 147.000 toneladas de productos pesqueros procesados, por un valor de 604 millones de euros. Eso es un aumento del 6% en el volumen con respecto a 2020, mientras que el valor ha subido un 50,6%.
• En 2020 y 2021 combinados, la UE importó productos pesqueros por valor de más de mil millones de euros del Sáhara Occidental ocupado a través del acuerdo comercial con Marruecos.
• Los principales productos importados son sardinas, calamares, sepias y mariscos congelados.

Además, el informe contiene una breve descripción sobre otros sectores económicos del Sáhara Occidental. Los proyectos marroquíes de energías renovables en el territorio se destacan en un recuadro titulado “Mini-red renovable del Sáhara Occidental”. Estos proyectos de infraestructura en tierras ocupadas son elogiados por dar a las industrias del Sáhara Occidental una ventaja competitiva. Vale la pena señalar que todos los parques eólicos actualmente operativos en el Sáhara Occidental ocupado están en la cartera de Nareva, la compañía energética propiedad del rey de Marruecos. El informe presta especial atención al proyecto de parque eólico planificado en Dajla, sin añadir que este parque es co-propiedad del primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch.

Se aborda brevemente el sector de los fosfatos, revelando que no hay exportaciones de fosfatos del Sáhara Occidental a la UE porque todavía no hay una producción de fosfatos procesados en el territorio y porque no hay interés en la UE por los fosfatos en bruto.

El documento establece que es probable que los fosfatos en bruto del Sáhara Occidental se utilicen en Marruecos para fabricar derivados de fosfato que luego se exportan a la UE bajo preferencias. Esto es incorrecto. No hay transporte de fosfato desde el Sáhara Occidental a Marruecos, ni por barco ni por tierra. Nunca lo ha habido. Las exportaciones ilegales de fosfato del territorio están cubiertas en los informes anuales P de Pillaje de WSRW. En esta serie de informes, WSRW ha documentado muy probablemente todos los barcos que han exportado roca del territorio durante los últimos 12 años.

El hecho de que el Gobierno marroquí no tenga base legal para emprender ninguna actividad económica en el Sáhara Occidental no se menciona en ninguna parte del informe, que en cambio normaliza estas controvertidas inversiones.

El informe contiene un capítulo llamado “derechos fundamentales”, que pretende dar un breve resumen sobre la situación actual de los derechos humanos en Marruecos y el Sáhara Occidental y sobre el proceso de paz de la ONU. Si bien reconoce que “las fuentes internacionales objetivas sobre la situación de los derechos humanos siguen siendo escasas”, la Comisión continúa diciendo que, dado que Marruecos considera al Sáhara Occidental como parte integral de su territorio, “por lo tanto, y sin perjuicio de la posición de la UE sobre el Sáhara Occidental, la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ha sido habitualmente seguida por la UE de acuerdo con el marco institucional que rige las relaciones bilaterales entre la UE y Marruecos". La información se ha obtenido en particular a través de un subcomité dedicado a "derechos humanos, democratización y gobernanza" creado en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. La Comisión escribe que la aplicación del acuerdo comercial al Sáhara Occidental ha "contribuido a normalizar y reactivar relaciones entre los dos socios y, como tal, a mantener su diálogo y cooperación constructiva en materia de derechos humanos, que, de no haberlo, habrían podido verse afectados o comprometidos”.

Si bien menciona de pasada que Marruecos tiene un largo camino por recorrer en derechos como la libertad de prensa y la libertad de reunión y asociación, el informe no explica que el Sáhara Occidental en sí mismo es “un tema tabú, con leyes draconianas utilizadas por los fiscales para castigar incluso la defensa pacífica de la autodeterminación”, como destaca el Informe Anual más reciente de Human Rights Watch. Año tras año, el Sáhara Occidental se clasifica entre los peores de los peores países/territorios del mundo en términos de libertades políticas y civiles, pero eso no se refleja en este informe.

El pasaje sobre los derechos fundamentales también aborda la preocupante situación humanitaria en los campos de refugiados saharauis, y afirma que la UE se compromete a “prestar asistencia humanitaria”.

“Esto es prácticamente un insulto”, comenta Eyckmans de WSRW. “La ONU informa que los refugiados saharauis reciben hoy menos de la mitad de la ingesta calórica diaria requerida debido a la falta de fondos. Es loable que la UE conceda 11 millones de euros en ayuda humanitaria para 2022 a los refugiados del Sáhara Occidental, pero esto es una miseria en comparación con lo que paga a Marruecos por las importaciones o las licencias de pesca en la patria ocupada de estas personas. Si la UE realmente quiere ayudar a los saharauis, dejaría de financiar directamente la presencia de Marruecos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental."

Finalmente, el informe describe los esfuerzos del Enviado Personal del Secretario General de la ONU, designado en 2021, incluidas sus visitas a Marruecos, Mauritania y Argelia, dejando de lado que Marruecos sigue bloqueando una visita al Sáhara Occidental.

“Los servicios de la Comisión y el SEAE consideran que el enfoque pragmático de la UE, incluso con respecto a los acuerdos comerciales aplicables a los productos del Sáhara Occidental, conduce a un mejor entorno socioeconómico y forma parte de nuestro compromiso de seguir apoyando los esfuerzos de las Naciones Unidas."

“En un momento en que el derecho internacional está bajo presión, la Comisión actúa de una manera profundamente hipócrita y cínica, ignorando los principios más básicos que dice defender en otros lugares. Llama la atención cómo se aplican diferentes estándares a las mismas violaciones del derecho internacional”, concluye Eyckmans.