En una extraordinaria escalada de la movilización agrícola en Francia, alrededor de 60 miembros del sindicato agrícola francés Confédération Paysanne irrumpieron y bloquearon esta mañana el centro logístico de Azura en Perpiñán, interrumpiendo las operaciones en uno de los principales puntos de entrada de la UE para frutas y verduras procedentes del Sáhara Occidental ocupado.

Según L’Indépendant, los agricultores entraron en la plataforma logística de Saint-Charles “por la fuerza”, paralizando la actividad y exigiendo el fin de lo que describen como “competencia ilegal y desleal” de productos cultivados en el Sáhara Occidental ocupado.

El objetivo de la acción, el grupo agroindustrial franco-marroquí Azura, es uno de los mayores importadores de frutas y hortalizas cultivadas en la parte del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí. La empresa también posee explotaciones agrícolas en el territorio y recientemente ha anunciado planes de invertir alrededor de 18,5 millones de euros para aumentar su productividad allí.

Los agricultores franceses acusan a Azura de colocar en el mercado de la UE productos etiquetados como “Marruecos”, a pesar de que su origen se encuentra fuera de las fronteras internacionalmente reconocidas de Marruecos.

En una declaración publicada hoy, la Confédération Paysanne denunció la doble injusticia de estas importaciones: violan los derechos saharauis mientras hunden a los agricultores europeos.

“Estas importaciones llegan a Francia a precios más bajos y compiten con nuestra propia producción, empujando a la baja los precios y los estándares. Las normas sociales y medioambientales son prácticamente inexistentes en estos territorios”, afirmó el sindicato.

El comunicado subraya que las multinacionales agroalimentarias que operan en el Sáhara Occidental “saquean los recursos sin ningún beneficio económico para el pueblo saharaui”.

En paralelo al bloqueo, la Confédération Paysanne anunció que ha presentado una demanda civil contra Azura y su filial Maraissa por presunto fraude fiscal en derechos de importación, añadiendo así una dimensión jurídica a la acción física de hoy.

La acción llega en un momento crítico, mientras los eurodiputados en Bruselas examinan la nueva versión del acuerdo comercial UE–Marruecos, aplicado provisionalmente desde octubre. Esta tarde está prevista una votación sobre el régimen de etiquetado.

La Confédération Paysanne criticó duramente el acuerdo, afirmando que:

• incluye al Sáhara Occidental a pesar de su estatus separado y distinto.
• fue negociado “en opacidad” por la Comisión Europea.
• introduce nuevas normas de etiquetado sin base jurídica, que reproducen las autoproclamadas “regiones de origen” de Marruecos.

La Confédération Paysanne reiteró su llamamiento a que la UE abandone la lógica perjudicial del libre comercio en favor de Precios Mínimos de Entrada en las fronteras europeas.

Según argumentan, estas herramientas protegen los ingresos y la soberanía de los agricultores —tanto de Europa como de Marruecos o del Sáhara Occidental— y evitan que los sistemas comerciales se utilicen como “instrumentos de dominación” sobre pueblos y territorios.

“Bloquear uno de los principales centros logísticos de frutas y verduras de Francia envía un mensaje claro: los agricultores europeos están cada vez menos dispuestos a tolerar importaciones que consideran ilegales, injustas o cómplices de la ocupación del Sáhara Occidental”, afirma Sara Eyckmans, de Western Sahara Resource Watch.

Con acciones legales en marcha, eurodiputados profundamente divididos sobre el acuerdo UE–Marruecos y una Comisión Europea sometida a una creciente crítica por su gestión de las normas de etiquetado relativas al Sáhara Occidental, los acontecimientos de hoy en Perpiñán suponen una escalada significativa en una controversia de larga duración.

La Confédération Paysanne ha anunciado que decidirá nuevas acciones, tanto sobre el terreno como en Bruselas. Véase también su comunicado en Twitter/X.

La asociación española de pequeños agricultores COAG también se ha movilizado con fuerza contra Azura y sus prácticas de etiquetado, denunciando estos hechos ante las autoridades de consumo españolas.

WSRW escribió ayer que Azura ha expresado un apoyo político extremo a la ocupación ilegal del territorio por parte de Marruecos.

De forma algo paradójica, Azura afirma estar certificada por el estándar IFS Food, que se supone garantiza la veracidad en las declaraciones de país de origen. IFS Food no ha respondido a WSRW sobre cómo esto podría ser posible.

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