En un comunicado publicado la semana pasada, ocho Relatores Especiales de la ONU denunciaron la continua campaña de represión, discriminación racial y violencia de Marruecos contra defensores de los derechos humanos, periodistas y defensores de la autodeterminación saharauis, tomando como referencia a 79 víctimas.

Parte del amplio material analizado por los expertos de la ONU incluye la demolición de viviendas saharauis por parte del Gobierno marroquí para construir proyectos de infraestructuras.

Los expertos instan a Marruecos a que «proporcione información sobre las medidas adoptadas para ofrecer una compensación adecuada o una vivienda alternativa, así como recursos legales, a las personas y hogares afectados por las demoliciones y los desalojos forzosos, y para prevenir nuevas demoliciones y desalojos forzosos».

La comunicación conjunta instó a Marruecos a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a garantizar que el pueblo del Sáhara Occidental pueda ejercer plenamente su derecho a la autodeterminación, de conformidad con el derecho internacional.

Si bien la declaración se publicó la semana pasada, la conclusión ya se había emitido el 20 de marzo de 2025.

Los elementos sobre confiscación y desalojos son los siguientes (traducción no oficial): 

Según la información recibida, las autoridades marroquíes llevaron a cabo una operación de adquisición de tierras a gran escala a lo largo de la costa del Sáhara Occidental. Esta operación implicó la destrucción de propiedades privadas y desalojos forzosos, principalmente contra chozas y casas saharauis cercanas al océano. Se cree que la operación tiene como objetivo despejar la zona para proyectos de energía eólica, hidrógeno verde y turismo.

Según se informa, la adquisición de tierras comenzó en la zona de Lamside, donde decenas de chozas y casas fueron destruidas. Viviendas y pertenencias saharauis fueron presuntamente destruidas por excavadoras o incendiadas. La operación continuó en otras regiones, como Agte Baba Ali, Boulemaayrdat y Foum El Oued. Activistas locales presenciaron y documentaron la quema generalizada de viviendas y chozas saharauis, incluyendo sus pertenencias, a pesar de las protestas de los propietarios, quienes fueron desalojados por la fuerza. Algunos propietarios resultaron heridos durante la operación. La campaña continuó en las zonas costeras del norte, donde se demolieron viviendas saharauis al norte de Wadi Saqia El Hamra.

Se cree que cientos de saharauis fueron atacados y desplazados forzosamente como parte de esta operación. Sin embargo, muy pocos de los que perdieron sus hogares están dispuestos a hablar públicamente, por temor a represalias de Marruecos y empresas privadas.

Según la información recibida, en la playa de Boulemaayrdat, cerca de El Aaiún, más de un centenar de familias saharauis poseían casas de vacaciones donde habían pasado sus vacaciones de verano durante décadas. El uso de estas casas era una parte importante de la cultura saharaui, sirviendo como lugar de descanso lejos de la ciudad y de la fuerte presencia policial y militar marroquí en El Aaiún. Desde noviembre de 2010, tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, las autoridades marroquíes han prohibido a los saharauis pernoctar en estas casas, permitiéndoles solo las visitas diurnas y exigiéndoles que salgan antes del atardecer. Las autoridades marroquíes comenzaron a quemar estas casas en febrero de 2022 y continuaron en febrero de 2024. Se ha informado de que más de un centenar de saharauis perdieron sus hogares en la playa de Boulemaayrdat, entre ellos el Sr. Dah Mustapha, el Sr. El Fakir Bombi, el Sr. Saïd Haddad y el Sr. Mohamed Laghrid.

El 4 de febrero de 2023, fuerzas auxiliares marroquíes presuntamente incendiaron y destruyeron la casa del Sr. Dah Mustapha. El Sr. Mustapha no se encontraba presente en ese momento y no recibió ninguna advertencia previa antes de que su propiedad fuera destruida.

Según se informa, la madrugada del 13 de febrero de 2024, fuerzas auxiliares marroquíes y la Gendarmería Real se presentaron en la casa del Sr. El Fakir Bombi, ordenándole que abandonara su cabaña y sacara sus muebles y su coche del garaje, o quemarían todo. El Sr. Bombi se negó, alegando que necesitaba tiempo para desmontar la cabaña, ya que había invertido mucho dinero en su construcción. Las autoridades prendieron fuego a la casa. El Sr. Bombi se apresuró a sacar su coche del garaje y alejarlo del fuego, que rápidamente envolvió la cabaña y destruyó el resto de sus pertenencias.

También se informó que, en la madrugada del 13 de febrero de 2024, la vivienda del Sr. Saïd Haddad fue destruida por las fuerzas auxiliares y la Gendarmería Real. Llegaron a su domicilio, le exigieron que se marchara y de inmediato le prendieron fuego.

De igual manera, se informó que el Sr. Mohamed Laghrid recibió la orden de desalojar su vivienda a las 7:00 a. m. del 13 de febrero de 2023, por parte de las fuerzas auxiliares y de la Gendarmería. El Sr. Laghrid preguntó si podía retirar primero la madera para reutilizarla o venderla, pero se negaron e inmediatamente incendiaron la casa.

El 16 de febrero de 2024, el jefe de la región de Takh dirigió la demolición de una cabaña cerca del mar perteneciente al activista saharaui Sr. Ahmed Salem Hamida. El Sr. Hamida también fue agredido verbalmente y amenazado con ser arrestado tras protestar por la destrucción de su cabaña y las de sus familiares.

Según informes recibidos, en otro caso de adquisición de tierras, las autoridades marroquíes confiscaron parte de la vivienda familiar de la Sra. Salma Lekhlifi y su familia en 2020, y ahora intentan confiscar el resto del terreno para construir nuevas viviendas para colonos marroquíes. La familia de la Sra. Lekhlifi ha sufrido represalias por parte de las fuerzas marroquíes por hacer público el caso, incluyendo abusos, intimidación y amenazas. La familia también ha sido objeto de intimidación y amenazas por parte de las autoridades locales y empresas privadas, y ahora teme por su vida.

Esta comunicación surge tras una serie de comunicaciones previas de la ONU que plantearon diversas preocupaciones durante los últimos cinco años, denunciando la discriminación racial sistemática y los ataques contra la identidad saharaui. A pesar de las respuestas de Marruecos a muchas de estas cartas, los expertos de la ONU observan con alarma que los patrones de represión, acoso y discriminación contra personas y organizaciones saharauis no solo han continuado, sino que se han agravado. Sin embargo, esta es la primera vez que los órganos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronuncian sobre este tipo de apropiación de tierras, según los datos de WSRW, y los expertos de la ONU instan a Marruecos a proporcionar una indemnización adecuada a las víctimas y a prevenir nuevas demoliciones y desalojos forzosos de saharauis.

En una respuesta del 16 de mayo de 2025, Marruecos negó en gran medida las acusaciones, alegando que la comunicación es resultado de la politización y el uso de los Procedimientos Especiales de la ONU como arma contra Marruecos.

Marruecos ha contratado a empresas como Enel, Engie y GE Vernova para llevar a cabo proyectos en el territorio ocupado, sin el consentimiento del pueblo saharaui.

La comunicación de la ONU es el resultado de una denuncia presentada por el Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental Ocupado (WGHRWS, por sus siglas en inglés), la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH) y CODESA, el colectivo de defensores de los derechos humanos saharauis.

“La comunicación expone los ataques sistemáticos y generalizados contra activistas y defensores saharauis. Sin embargo, apenas comienza a revelar la implacable represión diaria que sufre el pueblo saharaui en el Sáhara Occidental Ocupado”, declararon las organizaciones en un comunicado de prensa. “A pesar de las reiteradas condenas de la ONU, Marruecos continúa atacando a los civiles saharauis simplemente por ser quienes son, con total impunidad. La situación se vuelve cada día más peligrosa, ya que se le ha negado a la ONU el acceso al territorio durante casi una década, lo que ha dejado inexistente y desatendida la protección de los derechos humanos”.

Para destacar la situación actual en el Sáhara Occidental ocupado y el contenido del último documento de la ONU, las organizaciones que presentaron la comunicación organizarán un seminario web el 14 de junio de 2025.

La Declaración Conjunta de la ONU fue firmada por K.P. Ashwini, Relatora Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Irene Khan, Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Gina Romero, Relatora Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto; Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados; Alice Jill Edwards, Relatora Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias. Tomando nota de las graves preocupaciones planteadas, los ocho expertos de la ONU instaron a Marruecos a indicar:

• Las medidas adoptadas para garantizar que el pueblo del Sáhara Occidental pueda ejercer plenamente su derecho a la autodeterminación, de conformidad con el derecho internacional, y las medidas adoptadas para garantizar un referéndum que permita elegir entre la independencia del Sáhara Occidental y la integración en Marruecos.
• Medidas adoptadas para garantizar, en la legislación y en la práctica, el ejercicio efectivo por parte de los saharauis de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
• Medidas adoptadas para garantizar que todos los activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y abogados saharauis, incluidas las mujeres, puedan llevar a cabo sus actividades sin interferencias indebidas y sin temor a represalias, violencia o restricciones injustificadas.
• Medidas adoptadas para garantizar que todos los casos de represión, incluido el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, la vigilancia, la intimidación y las represalias contra los saharauis, se investiguen de forma eficaz, exhaustiva e imparcial, que los responsables sean castigados y que las víctimas reciban una reparación adecuada.
• Medidas adoptadas para proporcionar una compensación adecuada o una vivienda alternativa, así como recursos jurídicos, a las personas y los hogares afectados por demoliciones y desalojos forzosos, y para prevenir nuevas demoliciones y desalojos forzosos.

Comunicaciones anteriores de las Naciones Unidas sobre asuntos relacionados: MAR 1/2025, MAR 2/2024, MAR 2/2023, MAR 3/2022, MAR 4/2021, MAR 5/2021, MAR 5/2020, MAR 3/2020, MAR 2/2020, MAR 5/2019, MAR 2/2019, y MAR 1/2019. 

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