La última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la misión de mantenimiento de la paz en el Sahara Occidental, la resolución 2797, ha recibido una atención inusual este año, principalmente por su referencia a la “Propuesta de Autonomía de Marruecos” como posible base para retomar las negociaciones. Algunos medios internacionales han presentado esto como una victoria diplomática para Marruecos o incluso como una señal de que la ONU se ha alejado de su apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Sin embargo, esa interpretación no resiste un análisis más profundo.

Lo que la resolución dice — y lo que no dice

Adoptada a finales de octubre de 2025, la resolución 2797 no abandona el objetivo histórico de la ONU de lograr una solución política que garantice la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental.

El documento aún no ha sido publicado en la página web de la ONU, pero puede descargarse aquí.

El texto establece que el Consejo de Seguridad:

“Exhorta a las partes a entablar estas discusiones sin condiciones previas, tomando como base la Propuesta de Autonomía de Marruecos, con miras a alcanzar una solución política final y mutuamente aceptable que prevea la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental...”

En otras palabras, la autodeterminación sigue siendo el principio rector. El lenguaje del Consejo es cuidadoso —quizás deliberadamente—. No reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, ni excluye la independencia como posible resultado. Como han señalado varios juristas, la resolución 2797 no puede interpretarse como una derogación de la norma imperativa (jus cogens) del derecho a la autodeterminación.

No obstante, la ONU se encuentra ahora en una posición delicada. Al mencionar explícitamente la propuesta de autonomía marroquí sin hacer una referencia equivalente a la posición saharaui, el Consejo de Seguridad corre el riesgo de generar la percepción de un reconocimiento implícito del control marroquí —algo que entraría en tensión con el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la práctica previa de la propia ONU.

“Si la ONU empieza a acomodar ocupaciones de facto en nombre del ‘realismo’, estaría sentando un precedente preocupante: ¿estamos dispuestos a resolver los conflictos territoriales al margen del derecho internacional?”, plantea Sylvia Valentin, presidenta de Western Sahara Resource Watch.

Al mismo tiempo, la referencia explícita al plan de autonomía de Marruecos podría ejercer presión sobre Rabat para que finalmente revele en qué consiste realmente dicho plan. A pesar de ser promovido desde 2007, la propuesta de autonomía nunca se ha presentado con términos jurídicos o institucionales detallados. Marruecos comenzó a hablar de un plan de autonomía a comienzos de los años 2000. Los puntos presentados ante el Consejo de Seguridad en 2007 llevaban al menos cuatro años preparándose. En su informe al Consejo de Seguridad el año pasado, el actual Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, instó a Rabat a explicar cómo permitiría el plan “alguna forma creíble y digna de autodeterminación para el pueblo del Sáhara Occidental, y bajo qué modalidades”. Hasta la fecha, Marruecos no ha ofrecido ninguna aclaración al respecto. El 10 de noviembre de 2025, el gabinete real marroquí anunció consultas para “perfeccionar la iniciativa de autonomía propuesta por Marruecos en el marco de su soberanía e integridad territorial”.

Conviene también recordar que el Frente POLISARIO presentó su propia propuesta para resolver el conflicto en 2007 —una que mantenía abiertas todas las opciones, desde la independencia hasta la integración en Marruecos, a decidirse mediante un auténtico acto de autodeterminación a través de un referéndum. Por primera vez, esta posición está ausente del lenguaje del Consejo de Seguridad, a pesar de que el presidente saharaui reiteró recientemente la disposición del POLISARIO a entablar negociaciones incondicionales conforme al derecho internacional.

El texto de la resolución fue redactado y negociado bajo el liderazgo de Estados Unidos. El presidente Donald Trump, quien en 2020 anunció infamemente su reconocimiento de la insostenible reivindicación marroquí sobre el Sáhara Occidental mediante un tuit, ha promovido en los últimos meses un impulso para “resolver” el conflicto antes de que finalice el año, como parte de un esfuerzo más amplio vinculado a su diplomacia de los Acuerdos de Abraham y a su aspiración al Premio Nobel de la Paz.

Críticas del ex enviado de la ONU

El ex enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, ha criticado duramente la resolución, calificándola como “un paso atrás” que debilita la posición neutral de las Naciones Unidas. En un artículo de opinión reciente, Ross sostiene que la resolución 2797 socava el equilibrio que los textos anteriores de la ONU habían intentado mantener entre la propuesta de Marruecos y la del lado saharaui.

Según Ross, el nuevo énfasis de la resolución en el plan de autonomía corre el riesgo de “favorecer a una de las partes sobre la otra” y pone en peligro la credibilidad del proceso de la ONU. Advierte que este cambio podría minar la capacidad del Consejo de Seguridad para actuar como mediador imparcial y alentar a Marruecos a consolidar aún más su ocupación.

Ross, quien fue Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental entre 2009 y 2017, recuerda que la autodeterminación —y no la autonomía— sigue siendo la base legal y moral del compromiso de la ONU con el territorio.

Recursos naturales y exclusión económica

En el período previo a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el informe más reciente del Secretario General sobre el Sáhara Occidental (S/2025/612) arrojó luz sobre una dimensión crítica que a menudo se pasa por alto en la cobertura de la resolución: la explotación continua de los recursos naturales del Sáhara Occidental y la marginación económica del pueblo saharaui.

En el párrafo 73, el informe señala preocupaciones persistentes sobre el acceso desigual al empleo y a los recursos en el territorio. Párrafos anteriores también recuerdan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que determinaron que los acuerdos comerciales y pesqueros de la UE con Marruecos violan el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, al tratar al Sáhara Occidental como parte de Marruecos sin su consentimiento. El párrafo 71 hace referencia a que titulares de mandatos de los procedimientos especiales de la ONU enviaron una comunicación a Marruecos, citando “abusos de derechos humanos vinculados a proyectos de desarrollo costero que implican adquisición masiva de tierras, destrucción de propiedad privada y desplazamiento”.

Estos pasajes subrayan que, incluso según la propia evaluación de la ONU, las actividades económicas en el territorio siguen estrechamente ligadas a su estatus político no resuelto, y que la exclusión de los saharauis en las decisiones sobre su tierra y sus recursos persiste.

Un golpe, pero no el final

Aunque la resolución 2797 representa un avance diplomático para Marruecos, no marca el final de la historia para el Sáhara Occidental. El marco de la ONU sigue basándose en el principio de autodeterminación, y ninguna resolución del Consejo de Seguridad puede borrar ese fundamento jurídico.

El desafío ahora consiste en garantizar que la ONU y sus Estados miembros no permitan que la conveniencia política erosione el derecho internacional. El derecho del pueblo saharaui a decidir su propio futuro sigue intacto, aunque haya quedado temporalmente ensombrecido por el lenguaje del “realismo” y el “compromiso”.

Dinámica de la votación y contexto

La resolución 2797 de la ONU, que renueva por un año el mandato de la misión de mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental (MINURSO), fue aprobada con 11 votos a favor, 3 abstenciones (China, Pakistán y Rusia, que criticaron el desequilibrio del texto o su falta de apoyo al principio de autodeterminación) y un miembro que se negó a participar en la votación (Argelia).

Varios miembros que votaron a favor aclararon su posición posteriormente. El representante de Corea del Sur afirmó que el texto no debe interpretarse como un juicio previo sobre el resultado de las negociaciones entre las partes; Eslovenia subrayó que las conversaciones deben “desarrollarse en igualdad de condiciones y tener en cuenta las posiciones y propuestas de todas las partes”; mientras que Guyana enfatizó que el acuerdo final debe ser “uno que garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.

La MINURSO fue creada por la resolución 690 (1991) del Consejo de Seguridad, tras las propuestas de arreglo de 1988 de la ONU y la Organización de la Unidad Africana, aceptadas por Marruecos y el Frente POLISARIO. Dichas propuestas preveían un periodo transitorio que culminaría en un referéndum en el que el pueblo saharaui podría elegir entre la independencia o la integración con Marruecos. Ese referéndum —bloqueado por Marruecos desde entonces— sigue siendo la promesa incumplida en el corazón del proceso de paz de la ONU en el Sáhara Occidental.
 

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