Ha llegado el momento de que los Estados miembros de la ONU aborden el saqueo ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos durante la evaluación de Marruecos en el llamado mecanismo EPU (Examen Periódico Universal) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Este es el principal mensaje de un informe que Western Sahara Resource Watch (WSRW) presentó con su socio sueco Emaús de Estocolmo a principios de este año. El informe de WSRW se puede descargar aquí.

El 8 de noviembre, Marruecos recibirá diferentes recomendaciones sobre derechos humanos por parte de la comunidad internacional en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta es la cuarta vez que Marruecos está sujeto a revisión bajo el mecanismo EPU. WSRW presentó informes alternativos para las dos rondas anteriores y también cubrió las sesiones de 2012 y 2017.

En términos legales, España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, ya que no logró descolonizar el territorio de acuerdo con las obligaciones de la Carta de la ONU en 1975. Cuando España se sometió a revisión en 2020, dos países abordaron las obligaciones del Gobierno español. Tanto Namibia como Timor Leste recomendaron a España que se asegure de no participar en el saqueo ilegal de la colonia.

El informe de WSRW recomienda a los Estados que emitan las siguientes recomendaciones a Marruecos:

I. Declarar formalmente la aceptación por parte del reino del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, y su derecho a establecer un estado soberano independiente en el Sáhara Occidental si así lo desea.

II. Hacer efectivo el derecho a la libre determinación, tal como está garantizado en la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 1 común del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y garantizar y apoyar la realización del derecho mediante el apoyo irrestricto a las Naciones Unidas en la administración de un referéndum libre, justo y transparente por el cual el pueblo saharaui pueda determinar su estatus político.

III. Aceptar formalmente su condición de potencia ocupante y asumir sus responsabilidades en cuanto a informar sobre los derechos socioeconómicos del pueblo saharaui de conformidad con el PIDCP, el PIDESC y la Cuarta Convención de Ginebra.

IV. Liberar inmediata e incondicionalmente a los defensores de los derechos humanos saharauis encarcelados actualmente por defender sus derechos socioeconómicos, incluidos los arrestados en el campo de protesta de Gdeim Izik en 2010.

V. Implementar medidas que salvaguarden el principio del consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, para que puedan ejercer su derecho a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.

VI. Abstenerse de realizar más actividades relacionadas con los recursos naturales e inversiones de grandes programas de infraestructura, incluidos proyectos de energía renovable a gran escala, en el Sáhara Occidental hasta que se haya establecido el estatus final del territorio mediante el ejercicio de la libre determinación por parte del pueblo del territorio.

VII. Permitir una evaluación independiente, libre y continua de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, de manera que tenga en cuenta el impacto de la explotación de los recursos del territorio en los derechos humanos del pueblo saharaui.

VIII. Permitir inmediatamente a todas las personas en el Sáhara Occidental ocupado la garantía y la protección de sus derechos de libertad de conciencia, de reunión y asociación pacíficas, y de expresión, incluidas las personas y grupos preocupados por la protección del medio ambiente y el desarrollo de los recursos naturales.

IX. Informar con precisión a los socios comerciales, tanto Estados como empresas, sobre el estatus del Sáhara Occidental como Territorio No Autónomo, incluido su estatus como no-parte de Marruecos, y sobre las obligaciones resultantes para esos socios comerciales con respecto al pueblo saharaui.

X. Restablecer el “statu quo ante bellum” de la explotación de recursos en el territorio e indemnizar la explotación ilegal de recursos finitos.

XI. Iniciar el establecimiento de un mecanismo para preservar los ingresos de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental bajo administración internacional hasta que se resuelva el estatus del territorio.

XII. Aumentar la rendición de cuentas y la transparencia en la obtención y el uso de los beneficios de los recursos naturales en el Sáhara Occidental al permitir la contabilidad neutral de terceros de todas las actividades y exportaciones relacionadas con los recursos.

XIII. Abstenerse de realizar cualquier actividad económica dentro o relacionada con el territorio del Sáhara Occidental que no cuente con el consentimiento del pueblo del territorio, de conformidad con la jurisprudencia internacional y reciente de la UE.

XIV. Cesar inmediatamente todos los incentivos y acciones que alteren la composición demográfica de la población en el Sáhara Occidental.

XV. Garantizar que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos pueda visitar libremente todo el Sáhara Occidental.

XVI. Permitir el acceso de grupos independientes, parlamentarios y periodistas al Sáhara Occidental para monitorear la situación socioeconómica del pueblo saharaui.

XVII. Comprometerse con sus obligaciones como potencia ocupante en la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente en el Sáhara Occidental ocupado.

XVIII. Comprometerse en plena cooperación con España como Estado administrador colonial, con principal o primera responsabilidad entre los Estados, en la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, y una implementación adecuada y completa de la Carta de la ONU, el PIDCP y el PIDESC en todo el territorio.

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