El Tribunal Superior de Nueva Zelanda ha desestimado llevar a cabo una revisión judicial sobre las controvertidas inversiones en relación al comercio de fosfato del Sáhara Occidental, pero subraya el riesgo para la reputación del país del Pacífico.
Arriba: Envíos de minerales en conflicto llegan desde el Sáhara Occidental ocupado a Nueva Zelanda entre 4 y 6 veces al año.
Nueva Zelanda es el segundo país importador de roca fosfórica del Sáhara Occidental ocupado a nivel mundial. El mineral de conflicto es exportado por Marruecos, que ocupa ilegalmente el territorio.
Cada vez hay menos países involucrados en el comercio, que financia directamente la ocupación continuada del Sáhara Occidental por Marruecos, por lo que la industria agrícola de Nueva Zelanda se destaca de manera internacional.
El mineral en conflicto es comprado por las empresas Ravensdown y Ballance Agri-Nutrients, dos empresas locales en las que ha invertido el New Zealand Superannuation Fund (el Fondo de Pensiones del Gobierno de Nueva Zelanda).
El Fondo es gestionado y administrado por una Entidad de la Corona, denominada Guardianes del Fondo Superannuation de Nueva Zelanda. Los Guardianes del Fondo tienen la obligación legal de gestionar y administrar el Fondo de una manera que "evite perjudicar la reputación de Nueva Zelanda como miembro responsable de la comunidad mundial".
Western Sahara Resource Watch (WSRW) escribió en 2020 que el Polisario había presentado un caso en los tribunales de Nueva Zelanda, alegando que este principio no se respetaba.
Ayer, 15 de marzo de 2021, el Tribunal Superior concluyó que no admitirá una revisión judicial de las inversiones en el Sáhara Occidental por parte del Fondo de Pensiones de Nueva Zelanda.
El Tribunal desestimó la solicitud sobre la base de que el marco de la toma de decisiones de los Guardianes estaba dentro del alcance de una amplia discreción que le otorgó el Parlamento, y que la consideración de los Guardianes sobre las inversiones del Fondo Superannuation en el Sáhara Occidental era una cuestión de juicio de expertos que la Corte no interferiría.
Sin embargo, la Corte aceptó que la importación en curso de fosfato del Sáhara Occidental a Nueva Zelanda planteaba un riesgo para la reputación de los intereses más amplios del país.
Kamal Fadel, representante del Polisario en Australia y Nueva Zelanda, dijo: “Dado que el Tribunal Superior ha reconocido que la importación en curso de fosfato del Sáhara Occidental a Nueva Zelanda representa un riesgo para la reputación de los intereses más amplios de Nueva Zelanda, instamos a las compañías de fertilizantes de Nueva Zelanda y a todos los implicados en el saqueo del fosfato del Sáhara Occidental a que cesen el comercio”.
Durante la última década, varios fondos de pensiones nacionales de todo el mundo han procedido a excluir a las empresas que participan en el comercio de recursos del Sáhara Occidental por razones éticas. Estos incluyen el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, los Fondos AP en Suecia, APG en los Países Bajos y el Fondo Nacional de Ahorros para el Empleo del Reino Unido.
Por undécimo año consecutivo, Western Sahara Resource Watch publica un panorama anual detallado de las empresas involucradas en la compra de fosfatos del Sáhara Occidental ocupado.
Mientras que, a nivel internacional, otras compañías han logrado encontrar fuentes alternativas al fosfato, y a pesar de una solicitud del gobierno de Nueva Zelanda de seguir la misma vía, la industria de fertilizantes de este país no parece estar dispuesta a abandonar sus importaciones del Sáhara Occidental ocupado.
Desde finales de 2018, dos de los tres importadores mundiales de los minerales en conflicto son neozelandeses. A mediados de diciembre, algunos ciudadanos se manifestaron en la ciudad de Dunedin.
La exportación de roca de fosfato desde el Sáhara Occidental ocupado nunca ha sido menor que en 2019. Esto se revela en el nuevo informe de WSRW P for Plunder (P de Pillaje), publicado hoy.