En diciembre de 2009, el comité de pesca del Parlamento Europeo emitió unilateralmente una solicitud para visitar Marruecos y el Sahara Occidental, con el objetivo de examinar cómo se está llevando a cabo el acuerdo de pesca UE - Marruecos (FPA).

Después de meses sin ninguna respuesta oficial, Marruecos ha rechazado oficialmente la propuesta de la Comisión de Pesca de visitar el territorio, alegando que el calendario de esa visita "no es oportuno". Esto ocurre varios meses después de que Marruecos había dado a entender a la presidencia de la comisión Europea que estaban de acuerdo con que se realizara la visita.

Los propios Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo ya habían afirmado que, dado que la población autóctona del Sáhara Occidental, los saharauis, no ha sido consultada acerca del acuerdo, éste estaría violando la legalidad internacional. Marruecos ocupa desde 1975 el Sáhara Occidental y la UE está gastando millones de euros al año para pagar el gobierno marroquí para que los pescadores europeos, principalmente españoles, faenen en aguas del territorio ocupado. Estas actividades se pueden considerar como un apoyo político y financiero directo de la ocupación ilegal marroquí, en tanto en cuanto los saharauis se niegan a que se pesque en sus aguas.

"Es una lástima que las autoridades marroquíes no conceden al Parlamento Europeo la posibilidad de comprobar los hechos sobre el terreno", declaró Isabel-Lovin, uno de los 13 miembros del Parlamento que se habían inscrito para ser parte de la delegación.

"Parecía una excelente oportunidad para demostrar si la población saharaui del Sáhara Occidental se beneficia del Acuerdo de Pesca UE - Marruecos, como pretende afirmar la Comisión Europea. Es realmente una lástima, y también un poco extraño ", dijo Lovin.

La respuesta negativa no es una sorpresa. El polémico acuerdo de pesca UE-Marruecos ha estado bajo el punto de mira durante los últimos meses, especialmente tras el dictamen jurídico emitido por los Servicios Jurídicos del PE en 2009. El dictamen puso en duda la legalidad del acuerdo, ya que no hay prueba que se hayan tenido en cuenta los deseos y los intereses de los saharauis.

Intentando defender este acuerdo tan criticado que se negoció en 2006, la Comisión Europea ha reiterado que "no hay ninguna prueba de que el pueblo saharaui no se beneficie". Sin embargo, la Comisión aún no ha presentado ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones y, hasta ahora, ha evitado mencionar la cuestión de los deseos del pueblos saharaui por completo.

El único argumento de la Comisión Europea es la interpretación errónea de la opinión legal de la ONU en 2002. El autor de este dictamen, sin embargo, ha declarado que está "avergonzado de ser europeo", debido al mal uso que la Comisión ha hecho de su texto.

"Se ha sugerido que el dictamen que emití en 2002 había sido invocada por la Comisión Europea para apoyar el Acuerdo de Pesca. No sé si esto es cierto. Pero, si lo es, me resulta incomprensible que la Comisión haya podido encontrar ningún tipo de soporte en el dictamen jurídico, a menos que, por supuesto, la Comisión hubiera comprobado que el pueblo del Sáhara Occidental ha sido consultado, ha aceptado el acuerdo y la manera en que los beneficios de la actividad redundan en su beneficio. Sin embargo, un examen del Acuerdo de hecho conduce a una conclusión diferente", declaró el ex Subsecretario General para Asuntos Jurídicos, el Sr. Hans Corell, sobre la interpretación errónea que la Comisión ha realizado sobre el documento que escribió para el Consejo de Seguridad de la ONU.
Durante la sesión de ayer de la Comisión de Pesca, los eurodiputados también preguntaron sobre la situación de otra petición que habían hecho a Marruecos a principios de este año, consistente en la entrega de un informe sobre el impacto del Acuerdo de Pesca en la población saharaui. La fecha límite para la entrega del informe era el primer trimestre de 2010. El Comité todavía no ha recibido ninguna respuesta oficial.

Se espera que el informe de Marruecos, una vez finalizado, afirme que el acuerdo es beneficioso para la “población local", que es la manera en la que Marruecos define a los colonos que se han asentado en el territorio, en violación del Cuarto Convenio de Ginebra. Las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental fueron rechazadas por la Corte Internacional de Justicia en 1975. Otros estados, como los EE.UU. y los países de la EFTA, han declarado que sus acuerdos comerciales con Marruecos no incluyen al Sáhara Occidental.