Ayer, en el marco de la séptima reunión de la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales Internacionales, varias organizaciones sociales y ecologistas han pedido la Secretaría de Estado de Comercio Exterior que España se posicione en contra de la renovación del Acuerdo Pesquero entre la UE y Marruecos. Las organizaciones han recordado como este acuerdo viola claramente los Derechos Humanos y los Derechos económicos, sociales y culturales del pueblo saharui, así como el Derecho Internacional, por lo que es absolutamente contrario a los Principios ETO (Obligaciones Extraterritoriales de los estados) y no debería renovarse.

Ayer por la mañana ha tenido lugar la séptima reunión de la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales Internacionales, un espacio de intercambio e interpelación entre organizaciones sociales de la sociedad civil y la Secretaría de Estado de Comercio Exterior. Los representantes oficiales que han asistido a la reunión han sido el Secretario de Estado de Comercio, Alfredo Bonet, el Director General de Comercio e Inversiones y el Subdirector General de Política Comercial de la UE.

Entre los temas expuestos por las diferentes organizaciones presentes a la reunión ha estado la prórroga del Acuerdo Pesquero entre la UE y Marruecos, uno de cuyos máximos defensores es el Gobierno español. Por eso, Javier García Raboso, representante de la campaña “Por una política comercial para los pueblos y el planeta: No a los acuerdos comerciales UE-Marruecos” —impulsada por Ecologistas en Acción, PAPPS, WSRW, ATTAC y CEAS, entre otras— ha pedido a la Secretaría de Comercio Exterior su posicionamiento en contra de la renovación de este acuerdo por que lo consideran “ilegal, inmoral, desigual e insostenible”.

Según comentaba Javier García, la pesca en caladeros saharauis no debería permitirse por tres razones: “En primer lugar, porque este acuerdo constituye una violación flagrante del Derecho Internacional, ya que el territorio del Sahara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, por lo que los beneficios de tal explotación deberían repercutir en la población saharaui, además de contar con el visto bueno de su legítimo representante: el Frente POLISARIO”. Al no cumplirse estos requisitos, la explotación de sus recursos naturales es ilegal, ya que Marruecos no está reconocido como potencia administradora del Sáhara Occidental.

En segundo lugar, “que la Unión Europea acceda a ratificar este acuerdo muestra la clara connivencia con el régimen alauí, que desde hace más de 35 años ocupa de manera ilegal el territorio del Sáhara Occidental”, comenta Javier García. De esta forma, la firma de cualquier acuerdo comercial ayuda a mantener el statu quo que impide la resolución pacífica del conflicto. Además resulta falso el argumento de que dicho acuerdo resulta beneficioso en términos económicos par ambas partes también es falso. Los 36,1 millones de euros al año que la UE paga a Marruecos solo beneficia al régimen alauí y a unos pocos buques de gran tamaño —que practican el modelo de pesca industrial y no artesanal— pertenecientes a la UE.

En tercer lugar, el acuerdo es insostenible, ya que las 119 licencias de pesca, de las que 101 corresponden a barcos españoles, han contribuido de manera muy significativa a la sobreexplotación de los recursos pesqueros saharauis, “a causa de que el modelo de pesca industrial que practican los buques con licencia, utiliza técnicas muy extractivas y muy lesivas para el ecosistema marino”, según informa el portavoz de la plataforma basándose en las conclusiones del informe encargado a la consultora francesa Ocean Développment Megapesca LTD encargado por la UE en 2010. En este informe se menciona además la utilización de las devastadoras redes de deriva en la pesca, una técnica prohibida en los caladeros de la UE por los graves perjuicios que genera en los ecosistemas marinos.

Ante estas sólidas razones, el director general de comercio e inversiones ha respondido exclusivamente con evasivas y con el débil argumento de que todos los acuerdos comerciales firmados por la UE siempre están en connivencia con los convenios internacionales, cuando el Acuerdo Pesquero es un claro ejemplo del incumplimiento del Derecho Internacional.

Las organizaciones aseguran que seguirán trabajando por la anulación de este acuerdo, que viola los principios más elementales sobre los Derechos Humanos y los Derechos económicos, sociales y culturales del pueblo saharaui, y pone en evidencia el nulo respeto al Derecho Internacional por parte la Unión Europea y el Gobierno español.