El diputado lucense del grupo popular Joaquín García Díez ha defendido la propuesta para evitar que la parada forzosa de los buques españoles se prolongue y se incremente el desempleo en poblaciones altamente dependientes de la pesca, como es el caso de Barbate, donde el 50 % de la actividad económica depende del caladero marroquí, según recordó.

El nuevo acuerdo, según García Díez, deberá sustentarse en informes científicos y tener en cuenta las exigencias del Parlamento europeo y la opinión del sector y las Comunidades Autónomas.

El diputado lucense también ha criticado el convenio suscrito en la anterior legislatura por considerar que se había alcanzado "de espaldas al sector" y sin incluir todas las modalidades, por lo que insiste en que "no se puede firmar cualquier acuerdo".

Los grupos del PP y del PSOE llegaron también a un consenso sobre las enmiendas presentadas por los socialistas, que entre otras cuestiones pedían concretar y poner en marcha de forma inmediata el fondo de ayudas previsto para el periodo que dure la suspensión de la actividad pesquera, pero ERC se opuso a esta transaccional por lo que no se pudo votar.

Los grupos del PNV, La Izquierda Plural y UpD, además de ERC y Amaiur desde el grupo mixto, presentaron a su vez mociones referidas a la situación del Sahara Occidental, ninguna de las cuales fue aceptada por el grupo popular.

La enmienda del PNV pedía que el nuevo acuerdo recogiese de forma explícita el respeto a los derechos humanos en ese territorio y los beneficios que supondría para la población saharaui, o bien excluir del mismo las aguas de esta zona.

En su enmienda, La Izquierda plural reclama "el pleno cumplimiento de la legalidad internacional", que requiere que las actividades económicas relacionadas con los recursos de un territorio no autónomo como el Sahara se realicen en beneficio de sus habitantes y de acuerdo con sus deseos.

La enmienda de UpD proponía también limitar el acuerdo con Marruecos a sus aguas territoriales y negociar con las autoridades saharauis la explotación de las del Sahara.

La diputada de UpD Irene Lozano apuntaba además la necesidad de mejorar un acuerdo que ha calificado de "ruinoso" para el contribuyente europeo en las condiciones del anterior, por su elevado coste y rentabilidad "muy baja" con respecto a otros suscritos con terceros países.

En la misma línea, la enmienda presentada por ERC junto con Amaiur proponía dialogar con los representantes de la República Árabe Saharaui Democrática para llegar a un acuerdo "legitimado", introducir medidas para evitar la sobreexplotación y condicionar la negociación con Marruecos al cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el Sahara.

Desde Coalición Canaria, la diputada Ana Oramas ha recordado que 250 empleos directos y 2.000 indirectos dependen en Canarias de la pesca en este caladero y que la suspensión de la prórroga antes del límite ya ha supuesto para el sector dejar de ingresar más de cinco millones de euros.

Más de 70 barcos están amarrados desde que el pasado 14 de diciembre el Parlamento Europeo vetó la prórroga del acuerdo pesquero con Marruecos.

Fuente : EFE