El 8 de julio de 2015, Karmenu Vella, Comisario de la UE de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, ha respondido a una pregunta parlamentaria sobre el acuerdo de pesca UE-Marruecos, diciendo lo siguiente:

“Según la posición de las Naciones Unidas, que la UE acata, el Sahara Occidental sigue figurando en la lista de Naciones Unidas como territorio no autónomo, por lo que se considera que Marruecos es actualmente la potencia administradora «de facto».

El dictamen jurídico de las Naciones Unidas de 2002 establece que, en el caso de que se lleven a cabo actividades de explotación de recursos en territorios no autónomos en beneficio de los pueblos de dichos territorios, dichas actividades se consideran compatibles con las obligaciones de la Carta de la potencia administradora. Dado que el Acuerdo de pesca UE-Marruecos contiene disposiciones específicas en beneficio de la población local, este acuerdo es legal y respeta el Derecho internacional, tal como se indica en las respuestas de la Comisión a las numerosas preguntas parlamentarias sobre este asunto (…)”.

La cita que hace el Comisario del dictamen jurídico de la ONU de 2002 elaborado por Hans Corell, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, está mutilada y falseada. Omite que no se trata de la conclusión del informe sino de uno de los considerandos previos a la conclusión final. Y en este considerando “no se establece” nada. Se expone solamente una opinio juris que muestra una práctica reciente de los estados.

El dictamen en realidad dice: “cuando las actividades de explotación de recursos redundan en beneficio de los pueblos de los Territorios no autónomos y se realizan en su nombre o en consulta con sus representantes, se consideran compatibles con las obligaciones que incumben a la Potencia administradora en virtud de la Carta, (…)”.

Y la conclusión de Hans Corell en su informe es la siguiente:

“En consecuencia, cabe deducir que los contratos concretos a que se refiere la solicitud del Consejo de Seguridad no son ilegales en sí mismos, aunque las actividades de exploración y explotación, de seguir llevándose a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo del Sahara Occidental, infringirían los principios jurídicos internacionales aplicables a las actividades relacionadas con los recursos minerales en los Territorios no autónomos”.

La pregunta es: ¿se han atendido los intereses y deseos del pueblo saharaui? ¿Ha habido reuniones con los legítimos representantes del pueblo saharaui? La respuesta es no.

No es aceptable que el Comisario tergiverse la realidad, y que quiera engañar a nuestros representantes.

Por su cargo, el Comisario conoce perfectamente el expolio del Sahara Occidental. Sabe mejor que nadie que la presencia de Marruecos en el Sahara Occidental es una ocupación -ilegal- y por tanto que todas las medidas que Marruecos adopte con respecto a los territorios ocupados son ilegales y carecen de validez. Ilegal es también la actitud de la Comisión Europea al entrar en ese mercado.

Un informe del Servicio Jurídico del Parlamento Europeo ya avisó de esta ilegalidad.

El principio según el cual los intereses de los pueblos de los Territorios no autónomos están por encima de todas las demás consideraciones, y su bienestar y desarrollo representan el “encargo sagrado” de sus respectivas Potencias administradoras, quedó consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y se desarrolló posteriormente en las resoluciones de la Asamblea General relativas a la descolonización y las actividades económicas de los Territorios no autónomos. Al reconocer los derechos inalienables de los pueblos de los Territorios no autónomos sobre los recursos naturales de sus territorios, la Asamblea General ha condenado sistemáticamente la explotación y el saqueo de los recursos naturales y todas las actividades económicas que redundan en perjuicio de los intereses de los pueblos de esos Territorios y les usurpan sus derechos legítimos sobre los recursos naturales.

Todas las asociaciones saharauis han protestado ante el Acuerdo de Pesca entre Marruecos y la UE, pidiendo su anulación, de acuerdo con las disposiciones de las Naciones Unidas.