La empresa multinacional francesa de electricidad ENGIE está a punto de construir una planta desalinizadora cerca de Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado. La compañía informó sobre este proyecto a principios de enero de 2021, en respuesta a una carta de Western Sahara Resource Watch (WSRW).

ENGIE declaró a WSRW que ha contratado a la consultora Global Diligence para "consultar a todas las partes interesadas" en relación con el proyecto. Sin embargo, ni ENGIE ni Global Diligence desean arrojar luz sobre el proceso que han iniciado.

El 20 de enero de 2021, Global Diligence invitó a WSRW a mantener conversaciones. Tres días después, el 23 de enero, Global Diligence envió más información, indicando que habían comenzado "la fase inicial de nuestro proceso preliminar de participación de las partes interesadas, que se centrará en los beneficios previstos y potenciales de la instalación de desalinización cerca de Dajla". WSRW fue esencialmente invitado a ayudar "a identificar e interactuar con una amplia gama de beneficiarios previstos y potenciales del Proyecto de manera continua". Global Diligence alentaría a esos "interesados" a "comprometerse con nosotros [Global Diligence] con un espíritu de realismo y compromiso".

En un correo a Global Diligence el 3 de febrero de 2021, WSRW informó que se negaba a participar en dicho proceso porque no cumple con los principios legales básicos que se aplican al Sáhara Occidental, a saber, que el territorio es separado y distinto de Marruecos, que Marruecos no tiene mandato legal para administrar el territorio y que el pueblo del territorio tiene derecho a la libre determinación. Según lo estipulado por el Tribunal de Justicia de la UE y por varios órganos de la ONU, el pueblo del Sáhara Occidental tiene derecho a dar su consentimiento. Y por lo que le consta a WSRW, nunca han dado su consentimiento al proyecto de desalinización de ENGIE en nombre del Gobierno marroquí en sus tierra ocupada.

Posteriormente, Global Diligence contestó el 15 de febrero diciendo que no iba a responder a las preguntas enviadas por WSRW en relación con el supuesto estudio de "partes interesadas" en el territorio ocupado.

WSRW está profundamente preocupado por el proyecto de infraestructura de la empresa francesa.

“En lugar de pedir a los propietarios reales de la tierra su permiso para el proyecto, ENGIE ha llegado a un acuerdo con el Gobierno ocupante y ahora trata de ocultar ese enfoque altamente poco ético recurriendo a una consulta de supuestos 'interesados'”, dice Sara Eyckmans de Western Sahara Resource Watch. “Es preocupante que una organización como Global Diligence se preste a ser utilizada para ese propósito”.

Además, WSRW solicitó tanto a Global Diligence como a su cliente ENGIE que aclararan e hicieran público el propósito de la consulta, sus términos de referencia y cronograma, la metodología para seleccionar las “partes interesadas”, así como la evaluación del estatus legal de Marruecos en el territorio y la validez legal del contrato de ENGIE sobre tierras ocupadas firmado con el país vecino de Marruecos.

Global Diligence contestó que no desea responder a ninguna de esas solicitudes. ENGIE hasta la fecha ha permanecido en silencio.

“Estos aspectos son de fundamental importancia para el pueblo saharaui”, escribió WSRW en una carta a Global Diligence el 16 de marzo de 2021. “Por lo tanto, de ahora en adelante procederemos a publicar nuestra correspondencia en nuestro sitio web, para que la opinión pública en Europa y en el Sáhara Occidental pueda tener acceso a información sobre la existencia del llamado “proceso de participación de las partes interesadas” iniciado por ENGIE en relación con su controvertida infraestructura firmada con la potencia ocupante de Marruecos en Dajla”.

Global Diligence es una firma internacional con sede en Londres y París. La empresa se anuncia como experta en derechos humanos y "cuestiones legales complejas en regiones inestables y afectadas por conflictos". Su sitio web tiene un segmento dedicado a la autodeterminación, aunque solo aplicada en contextos de conflictos separatistas y derechos indígenas en estados reconocidos, lo cual es diferente al derecho a la autodeterminación de un pueblo colonizado.

“Como bien estableció la Corte Internacional de Justicia, en primer lugar el Sáhara Occidental nunca fue parte de Marruecos”, continúa Eyckmans. “Es notable que Global Diligence adopte una tergiversación de los hechos básicos que estamos acostumbrados a ver en empresas que buscan obtener ganancias en los territorios ocupados a través de un acuerdo con Marruecos, dejando de lado al pueblo que tiene el derecho soberano de decidir sobre el estatus de la tierra y sus recursos. Más aún, cuando parecen argumentar exactamente lo contrario en otros casos”.

Global Diligence ha trabajado extensamente sobre la situación en la Crimea ocupada. En 2019, Global Diligence se asoció con la Unión Ucraniana de Derechos Humanos de Helsinki en un importante envío a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Global Diligence se refiere a la península de Crimea como "anexionada" por Rusia y exige a la CPI un examen "de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el este de Ucrania" y "una investigación completa del caso ya que la Federación Rusa continúa con sus acciones agresivas hacia Ucrania”. “Es de suma importancia detener esta impunidad de 5 años del Estado agresor”, subraya Global Diligence.

Sin embargo, Global Diligence no desea explicar cómo ve el estatus legal del Sáhara Occidental o la presencia de Marruecos en el territorio.

ENGIE obtuvo un contrato para la planta desalinizadora por parte del Gobierno marroquí en diciembre de 2018, después de ganar un proceso de licitación en el que la firma se había unido con Nareva, empresa de energía marroquí que es propiedad total del rey de Marruecos. Como informaron los medios de comunicación marroquíes, se espera que la instalación beneficie principalmente a la agroindustria cercana a Dajla: enormes plantaciones que son propiedad de conglomerados franco-marroquíes o del propio rey de Marruecos, y que actualmente están agotando las limitadas reservas de agua subterránea de la zona.

La construcción de la planta desalinizadora de energía eólica tiene un precio de casi 2 mil millones de Dirhams marroquíes. El megaproyecto, destinado al riego de 5,000 hectáreas de tierras agrícolas, se anunció en 2016. El Ministerio de Agricultura marroquí ha encargado al consorcio Engie-Nareva la cofinanciación, diseño, construcción, mantenimiento, gestión y explotación de la planta desalinizadora e infraestructura de riego conectada.

La planta desalinizadora y el parque eólico de 40 MW serán implementados por una empresa conjunta de las compañías Nareva Renouvables SA e International Power SA.

También consta que ENGIE participa en varios otros proyectos en la parte ocupada del Sáhara Occidental.