Foto: El eurodiputado Thomas Waitz pide un intercambio más directo, “de ping-pong”, después de que la Comisión no respondiera a las preguntas planteadas por los eurodiputados. La sala responde con aplausos.

La Comisión Europea se enfrentó a duras críticas por parte de los eurodiputados durante un intercambio de puntos de vista en la Comisión de Agricultura (AGRI) del Parlamento ayer, 18 de marzo de 2025, a medida que aumentaban las preocupaciones sobre la legalidad, la transparencia y el contenido de su enfoque respecto a las relaciones comerciales entre la UE y Marruecos que abarcan el Sáhara Occidental.

La audiencia tuvo lugar en el contexto del nuevo acuerdo comercial que cubre productos procedentes del Sáhara Occidental en el marco del Acuerdo de Asociación UE–Marruecos, aplicado provisionalmente desde el 4 de octubre de 2025. Esto va en contra de la oposición declarada del Parlamento Europeo a la aplicación provisional, ya que deja de lado el control parlamentario.

Vea el vídeo de la audiencia en la página web del Parlamento aquí. Puede acceder a una transcripción completa del intercambio en AGRI aquí.

En representación de la Comisión, Matthias Petschke (DG TAXUD) y Brigitte Misonne (DG AGRI) expusieron el estado de la situación. Sin embargo, sus explicaciones hicieron poco por aliviar las tensiones.

Petschke dijo a los miembros de la Comisión de Agricultura que el acuerdo no es de naturaleza agrícola, ya que cubre todos los bienes procedentes del Sáhara Occidental, que en la práctica consisten principalmente en productos pesqueros, según precisó. Se basó en cifras de importación de 2022 —una elección notable, dado que los datos de la Comisión sobre las importaciones procedentes de Marruecos y el Sáhara Occidental han sido incompletos desde principios del otoño de 2025—. La ausencia de datos comerciales —desde septiembre del año pasado— coincide con el periodo en el que la Comisión aceleró las negociaciones con Marruecos y sacó adelante el acuerdo en el Consejo para su aplicación provisional, eludiendo de facto al Parlamento. Petschke atribuyó la falta de datos a que los Estados miembros no compartieron conjuntos de datos completos.

Los eurodiputados rechazan el “atajo” del etiquetado

Misonne confirmó que el acuerdo propuesto reproduce el anterior —anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en octubre de 2024—, pero introduce un cambio clave: un nuevo sistema de etiquetado basado en las llamadas “regiones de origen”. Según este enfoque —establecido en un Reglamento Delegado, y no en el propio acuerdo—, los productos del Sáhara Occidental se etiquetarían utilizando los nombres regionales designados por Marruecos: Laâyoune-Sakia El Hamra y Dakhla-Oued Eddahab.

En noviembre de 2025, una mayoría de eurodiputados votó a favor de rechazar la medida, pero la moción se quedó a un voto del umbral necesario para bloquear su adopción. El Reglamento Delegado entró en vigor el 23 de diciembre de 2025.

Misonne describió el uso de Laâyoune-Sakia El Hamra y Dakhla-Oued Eddahab como “una mejora considerable en términos de información al consumidor”.

Los eurodiputados de todo el espectro político discreparon firmemente.

Lynn Boylan (La Izquierda, Irlanda), ponente permanente para el Magreb, afirmó que “no se puede esperar que ningún consumidor sepa qué representan estas regiones o de dónde proceden estos productos”, y pidió a la Comisión que hiciera público el asesoramiento jurídico en el que basa su posición.

Carmen Crespo Díaz (PPE, España) subrayó que “el Tratado de la Unión Europea habla de la identificación de países. Eso es lo que debe figurar en la etiqueta, no las regiones”.

Cristina Guarda (Los Verdes/ALE, Italia) consideró que este enfoque solo sirve para “engañar a los consumidores”.

Misonne respondió que el uso de etiquetas regionales garantiza que el territorio “ya no se identifique como Marruecos”, afirmando que esto era el núcleo de la sentencia del Tribunal. Sin embargo, esta interpretación pasa por alto el requisito explícito del Tribunal de que los productos deben indicar “únicamente Sáhara Occidental como país de origen”.

Marruecos busca el respaldo de la UE a su papel en el Sáhara Occidental

Un tema especialmente controvertido surgió durante el debate: Marruecos ha solicitado formalmente autorización a la UE para emitir certificados de conformidad para productos originarios del Sáhara Occidental.

Dichos certificados acreditarían que los productos cumplen las normas de comercialización de la UE, incluidas las reglas de origen. Misonne confirmó que la Comisión está llevando a cabo actualmente una misión en el territorio para evaluar si debe concederse a Marruecos ese papel.

Esto plantea preocupaciones jurídicas fundamentales. Conceder a Marruecos la autoridad para certificar productos del Sáhara Occidental supondría, en la práctica, reconocerlo como autoridad administrativa competente en el territorio, una posición que contradice directamente la reiterada jurisprudencia del TJUE de que Marruecos no tiene soberanía ni mandato de administración sobre el Sáhara Occidental.

“Completamente inaceptable”: el Parlamento, marginado

Otro punto importante de fricción fue el continuo incumplimiento de la Comisión a la hora de transmitir formalmente la propuesta al Parlamento Europeo, lo que impide el control democrático.

Aunque el acuerdo modificado se aplica provisionalmente desde principios de octubre de 2025, el Parlamento aún no ha recibido el texto oficial. Eurodiputados de varios grupos políticos criticaron este enfoque, cuestionando cómo se espera que ejerzan su labor de control sin acceso al texto.

“Completamente inaceptable”, declaró Lynn Boylan.

Mireia Borrás Pabón (PfE, España) acusó a la Comisión de “pasar por encima” del Parlamento y de “intentar eludirnos”, añadiendo: “Han pasado seis meses y, básicamente, durante ese tiempo no ha habido ninguna aportación democrática”.

Petschke desvió la responsabilidad, afirmando que la transmisión del texto “no es competencia de la Comisión” y sugiriendo que los eurodiputados se dirijan al Consejo para obtener respuestas.

Apagón de datos y preocupaciones del mercado

La ausencia de datos de importación desde septiembre de 2025 también provocó fuertes reacciones.

Daniel Buda (PPE, Rumanía), vicepresidente de AGRI, preguntó: “¿Cómo vamos a verificar lo que ocurre en el mercado si no tenemos los datos?”

Los eurodiputados expresaron su preocupación por el impacto de las importaciones en la agricultura de la UE. Borrás Pabón señaló una caída del 30 % en la producción de tomate en la región española de Almería, calificando la falta de datos fiables sobre importaciones como un “apagón informativo”. Crespo Díaz citó cifras que muestran una caída del 25 % en las exportaciones españolas de tomate junto con un aumento del 42 % en las importaciones procedentes de Marruecos y el Sáhara Occidental.

Jérémy Decerle (Renew, Francia) advirtió: “La producción europea está disminuyendo, mientras estamos siendo inundados por tomates marroquíes producidos en condiciones más favorables para los productores marroquíes”.

Gilles Pennelle (PfE, Francia) expresó su preocupación por la financiación de la UE prevista en el acuerdo para proyectos de desalinización en “la zona en cuestión”, concluyendo: “Estamos financiando aumentos de exportaciones… que socavarán sectores en nuestros países”.

Mismo enfoque, mismos riesgos jurídicos

El tenso intercambio en AGRI refleja enfrentamientos similares en otras comisiones parlamentarias sobre la gestión de la Comisión en relación con el Sáhara Occidental.

“Pese a una década de jurisprudencia coherente del TJUE, la Comisión parece decidida a seguir un enfoque que corre el riesgo de reproducir los mismos defectos jurídicos que llevaron a la anulación de acuerdos anteriores. Mientras no se obtenga el consentimiento del pueblo saharaui, cualquier acuerdo que abarque el Sáhara Occidental seguirá siendo jurídicamente vulnerable”, afirma Sara Eyckmans, de Western Sahara Resource Watch. “Al mismo tiempo, la dependencia de la Comisión de procedimientos opacos —incluida la aplicación provisional sin control parlamentario y el uso de prácticas de etiquetado controvertidas— plantea serias preocupaciones sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto del Estado de derecho en la política comercial de la UE.”

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