El pueblo saharaui ha ganado hoy en todos los frentes ante el Tribunal de Justicia de la UE. La UE y Marruecos ya no pueden seguir saqueando los recursos del Sáhara Occidental ocupado.

¿Entonces ahora qué?

Esto es lo que recomienda Western Sahara Resource Watch (WSRW):
 

A la Unión Europea:

• Entablar inmediatamente conversaciones exploratorias con el Frente Polisario para el desarrollo de vínculos bilaterales con el territorio que cumplan la ley, en particular en lo que respecta al comercio y a la pesca;
• Adoptar una estricta política de diferenciación entre los territorios de Marruecos y el Sáhara Occidental en todo el espectro de las relaciones de la UE, que garantice el cumplimiento por parte de la UE de su legislación y jurisprudencia en relación con el estatuto separado y distinto del Sáhara Occidental y el consentimiento necesario del pueblo saharaui;
• Reconocer públicamente y aplicar la legislación de ocupación de conformidad con las Directrices de la UE sobre Derecho Internacional Humanitario en sus relaciones con el territorio del Sáhara Occidental;
• Incluir una cláusula territorial en todos los acuerdos de la UE con Marruecos, excluyendo explícitamente el Sáhara Occidental;
• Adoptar una definición jurídica del “territorio de Marruecos” en todos los actos jurídicos de la UE de conformidad con la jurisprudencia del TJUE;
• Suspender toda financiación actual y prevista de la UE y de los Estados miembros que contribuya directa o indirectamente a reforzar la política marroquí de anexión e ingeniería demográfica en el territorio;
• Solicitar a Marruecos el reembolso de toda la financiación pasada y actual concedida ilegalmente por la UE en relación con el Sáhara Occidental;
• Intervenir en la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) en relación con los derechos de aduana no pagados por los importadores con sede en la UE acumulados por la aplicación ilegal del acuerdo de asociación UE-Marruecos desde 2000;
• Establecer un Fondo Fiduciario como primer paso hacia la reparación al pueblo saharaui por los daños causados ​​por su política de décadas de comercio ilegal y otros acuerdos que beneficiaron ilegalmente al ocupante, Marruecos.
• Designar un Representante Especial de la UE para el Sáhara Occidental;
• Apoyar activamente la reanudación de los esfuerzos de resolución del conflicto dirigidos por las Naciones Unidas e insistir en que se conceda a la Misión de las Naciones Unidas (MINURSO) un mandato de derechos humanos;
• Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil saharaui y a los defensores de los derechos humanos en los territorios ocupados y en los campamentos de refugiados;
• Desarrollar la diplomacia pública ante la opinión pública marroquí para explicar su política respecto del Sáhara Occidental.

A la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior:

• Realizar un estudio exhaustivo de las relaciones de la UE con Marruecos (incluidas las relaciones diplomáticas, el comercio, la asistencia técnica y la cooperación para el desarrollo) y garantizar el cumplimiento por parte de la UE de la legislación y la jurisprudencia de la UE en relación con el Sáhara Occidental;
• Supervisar el cumplimiento por parte de Marruecos de los requisitos de diferenciación de la UE de conformidad con el deber de la Comisión Europea, como guardiana de los tratados de la UE, de supervisar la correcta aplicación de la legislación de la UE;
• Excluir de las listas autorizadas de establecimientos situados fuera de las fronteras internacionalmente reconocidas de Marruecos la certificación de origen del organismo marroquí ONSSA;
• Revisar y garantizar el cumplimiento de las listas de establecimientos aprobados en Marruecos y excluir de dichas listas cualquier establecimiento situado en el Sáhara Occidental;
• Excluir los certificados sanitarios y de seguridad alimentaria expedidos por las autoridades marroquíes para los productos producidos en el Sáhara Occidental;
• Permitir que los establecimientos exporten desde el territorio del Sáhara Occidental solo si el Frente Polisario lo ha acordado en nombre del pueblo saharaui;
• Aplicar derechos de terceros países a las importaciones procedentes del Sáhara Occidental a la UE y ajustar el sistema TARIC en consecuencia;
• Instruir a las autoridades nacionales de los Estados miembros de la UE para que verifiquen el origen de los productos importados de Marruecos y, si en realidad son originarios del Sáhara Occidental, denegar la entrada en estos casos de declaraciones de origen falsas;
• Instruir a las autoridades nacionales de los Estados miembros de la UE para que verifiquen el etiquetado correcto de los productos importados del Sáhara Occidental y se aseguren de que indiquen únicamente el Sáhara Occidental como el país de origen de esos productos, con exclusión de cualquier referencia a Marruecos. Tomar medidas inmediatas en caso de etiquetado incorrecto.
• Adoptar una guía empresarial a nivel de la UE que informe a las empresas europeas sobre las actividades comerciales en los territorios ocupados, incluidos los graves riesgos financieros que implica confiar en acuerdos, contratos, permisos e inspecciones sanitarias y fitosanitarias de las fuerzas de ocupación marroquíes que son legalmente nulos y sin valor.
• Apoyar a la sociedad civil local para que supervise los futuros acuerdos comerciales entre la UE y el Sáhara Occidental. Reconocer públicamente su responsabilidad al conducir a la UE a acuerdos ilegales con Marruecos en relación con el Sáhara Occidental, disculparse públicamente ante el pueblo saharaui por esa política equivocada y comprometerse a no repetirla.
• Sancionar a los altos funcionarios responsables de este fiasco jurídico y político.

Al Parlamento Europeo: 

• Vigilar y garantizar el estricto y pleno cumplimiento por parte de la Comisión Europea y los Estados miembros de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, incluso mediante un proceso de revisión anual.
• Solicitar una audiencia inmediata sobre las consecuencias prácticas de la sentencia en las comisiones pertinentes, a saber, INTA, PECH, AGRI, JURI y AFET.
• Solicitar una evaluación por parte de la Comisión de las implicaciones financieras de la sentencia del Tribunal, en particular en términos de posibles reclamaciones de indemnización por parte del pueblo saharaui y de los operadores económicos de la UE.
• Solicitar un informe de la Comisión sobre los costes jurídicos que ha supuesto para la UE durante años de procedimientos jurídicos innecesarios e injustificados en los Tribunales, desde la primera sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2015.
• Iniciar una investigación especial sobre el impacto del caso Moroccogate en la tramitación por parte del Parlamento de todos los expedientes relacionados con el Sáhara Occidental, incluida la adopción por una gran mayoría de ambos acuerdos, que posteriormente fueron anulados por ilegales.
• Iniciar una investigación especial sobre las reiteradas y graves deficiencias jurídicas de la Comisión en la tramitación de las relaciones comerciales de la UE aplicables al Sáhara Occidental.
• Exigir cuentas a la Comisión Europea por haber engañado deliberadamente al Parlamento Europeo y a los Estados miembros sobre el acuerdo propuesto (y ahora anulado).
• Llevar a cabo una misión en el Sáhara Occidental para examinar el comercio bilateral de la UE con ese territorio.
• Llevar a cabo una misión en los campamentos de refugiados de Argelia para establecer una misión de investigación sobre las necesidades humanitarias y de otro tipo del pueblo saharaui y sentar las bases para restablecer las relaciones de la UE con el pueblo saharaui y la cuestión no resuelta del Sáhara Occidental.

A los gobiernos de los Estados de la UE que permiten las importaciones procedentes del Sáhara Occidental ocupado, en particular Francia, España, Países Bajos y Alemania:

• Garantizar el etiquetado correcto de las mercancías procedentes del Sáhara Occidental, que debe indicar únicamente el Sáhara Occidental como país de origen de dichas mercancías, con exclusión de cualquier referencia a Marruecos. Adoptar medidas jurídicas y administrativas para garantizar el cumplimiento de esta obligación.
• Recomendar a sus empresas registradas y operativas a nivel nacional que dejen de importar productos del Sáhara Occidental y busquen proveedores alternativos.
• Solicitar a la Comisión que garantice que todas sus relaciones políticas con el Sáhara Occidental cumplan la legislación y la jurisprudencia de la UE, en particular en lo que respecta a las listas de la DG SANTE, a fin de excluir los establecimientos del Sáhara Occidental de la lista de Marruecos.

A autoridades regionales y locales: 

• Alentar a las autoridades nacionales a que inicien las medidas necesarias en la UE para prohibir las importaciones de bienes procedentes del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui hasta que se logre la autodeterminación.

A las compañías importadoras:

• Poner fin de inmediato a toda compra de productos exportados desde el Sáhara Occidental ocupado sin el consentimiento del pueblo saharaui.

A los clientes de productos del Sahara Occidental:

• Poner fin de inmediato a las compras de productos exportados desde el Sáhara Occidental ocupado sin el consentimiento del pueblo saharaui y recurrir a proveedores que respeten la legislación de la UE y la responsabilidad corporativa.
• Identificar y denunciar el etiquetado incorrecto de los productos procedentes del Sáhara Occidental ante las autoridades nacionales y los grupos de solidaridad de la sociedad civil.

A las autoridades de Marruecos:

• Suspender inmediatamente la aplicación de todos los acuerdos celebrados con la UE en relación con el Sáhara Occidental;
• Solicitar la autorización del Frente Polisario para garantizar el respeto del consentimiento del pueblo saharaui en relación con cualquier relación con el territorio y sus recursos naturales;
• Repatriar todas las instituciones y agencias nacionales, incluidos los organismos de certificación como la oficina de la ONSSA, establecidos en el Sáhara Occidental;
• Respetar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en relación con el Sáhara Occidental;
• Permitir la entrada en el territorio del Sáhara Occidental de observadores internacionales, en particular observadores de derechos humanos, medios de comunicación independientes y organizaciones internacionales y regionales;
• Ratificar la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Protocolo por el que se establece el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos;
• Participar de buena fe en las conversaciones de paz dirigidas por las Naciones Unidas con el Frente Polisario, con vistas a hacer realidad el ejercicio de la libre determinación en el Sáhara Occidental, mediante el cual el pueblo del territorio pueda elegir libremente el estatuto de la tierra entre todas las opciones disponibles, incluida la independencia.