HeidelbergCement controla dos fábricas de cemento en el Sáhara Occidental a través de su filial marroquí Ciments du Maroc (CIMAR), con permisos otorgados por el Gobierno de Marruecos que ocupa ilegalmente la mayor parte del territorio. Sin embargo, la propia empresa considera a Marruecos como la autoridad responsable en el territorio, como se desprende de su respuesta a las preguntas presentadas por Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, en colaboración con Western Sahara Resource Watch (WSRW).

Vea la traducción no oficial de WSRW de las preguntas y respuestas durante la junta anual de accionistas del 12 de mayo de 2022 aquí (en inglés).

En la reunión, HeidelbergCement arroja algo de luz sobre el volumen de los recursos necesarios para la producción. “Nuestra filial compra anualmente unas 150.000 toneladas de piedra caliza y puzolanas a proveedores locales para la producción de cemento en la región del Sáhara Occidental”. No está claro si la empresa se refiere a proveedores en el Sáhara Occidental propiamente dicho, o al otro lado de la frontera con Marruecos, cuando dice "proveedores locales".

En la junta general de accionistas del año pasado, la empresa reveló que importaba «clinker y yeso de Marruecos y compra materias primas adicionales a empresas de propiedad saharaui». En la junta general de accionistas de este año, la empresa especificó que, además de piedra caliza y puzolana, la materia prima adicional incluye «todos los áridos necesarios» para la producción local de hormigón premezclado.

La compañía también indicó que está esperando el resultado de los procesos legales del Tribunal de Justicia de la UE, para ver si el Tribunal "confirma las quejas de la Comisión y el Consejo". Estos dos últimos órganos institucionales de la UE han apelado una sentencia del Tribunal General de la UE de septiembre de 2021: la quinta sentencia consecutiva de la UE que concluye que Marruecos no tiene soberanía ni mandato administrativo sobre el Sáhara Occidental, y que debe considerarse como un territorio "separado" y distinto" de cualquier país del mundo, incluido Marruecos. Como tal, el pueblo del Sáhara Occidental debe dar su consentimiento para que cualquier acuerdo bilateral con Marruecos afecte legalmente a su tierra, según ha dictaminado el Tribunal de forma consistente. La última sentencia de septiembre de 2021 aclaró que el consentimiento debe obtenerse a través de la representación del pueblo del Sáhara Occidental reconocida por la ONU, el Frente Polisario, y no a través de una consulta de operadores o grupos marroquíes en el territorio. Es precisamente ese último elemento el que ha objetado la Comisión Europea en su recurso, y HeidelbergCement parece estar de acuerdo: “aquí la Comisión Europea duda de la representatividad y capacidad del Frente Polisario”.

La Dirección de la compañía añadió que la propuesta de Marruecos de otorgar autonomía al territorio que ocupó ilegal y militarmente, y sobre el cual no tiene ningún derecho legal, los hace “cautelosamente optimistas de que se logrará una solución al conflicto”. Cabe señalar que la propuesta de Marruecos no permite ninguna otra opción, como por ejemplo la independencia, y como tal no permite una expresión de autodeterminación, como lo pide la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de Justicia de la UE, y que sigue siendo el principio fundamental del enfoque de la ONU para resolver el conflicto en el Sáhara Occidental.

Repitiendo las afirmaciones de la junta general del año pasado, la Dirección de HeidelbergCement declaró que "supone que la población local está de acuerdo con nuestras actividades comerciales" y que "los representantes oficiales elegidos por la población local les han otorgado las aprobaciones necesarias". La población del Sáhara Occidental actualmente consiste en una mayoría de colonos marroquíes. El verdadero pueblo del territorio, los saharauis, son una minoría, ya que muchos han huido de su tierra debido a la agresión de Marruecos. Son ellos quienes poseen el derecho soberano de la tierra y sus recursos, no la población del territorio, ni los individuos a quienes las autoridades marroquíes han otorgado un título mediante elecciones organizadas por Marruecos en una tierra a la que no tiene derecho.

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