“La presente declaración conjunta no se puede interpretar como una fuente de obligaciones legales para los signatarios, ni estará sujeta al derecho internacional” reza la inquietante frase final de la “Declaración conjunta para el establecimiento de una hoja de ruta para un Acuerdo de Electricidad Sostenible entre Marruecos y el Mercado Interior Europeo de la Energía” firmada por Alemania, Francia, España, Portugal y Marruecos en la COP22 en Marrakech. Ver el documento de tres páginas, de fecha 17 de noviembre de 2016.

En la declaración, las partes firmantes declaran “su intención de proporcionar las condiciones que permitan el comercio de electricidad renovable entre Marruecos y el Mercado Interior Europeo de la Energía”. En consecuencia, señalan su voluntad de desarrollar el llamado “SET roadmap” (hoja de ruta del Mercado de Energía Sostenible; SET – Sustainable Electricity Trade) y establecer un contrato que pueda estar operativo “para la COP23”.

Para 2030, la Unión Europea contempla la posibilidad de un 27% de fuentes renovables en su aprovisionamiento de energía. Marruecos es más ambicioso al poner el objetivo en 52% para la misma fecha, según contempla su Plan Nacional de Energía Renovable. Una integración progresiva de los mercados energéticos podría ayudar a la UE a conseguir sus objetivos. Esa parece ser la lógica del documento.

Pero lo que la declaración conjunta no dice es que una parte considerable de los proyectos de Marruecos que se deben poner en marcha para alcanzar ese 52%, se llevarán a cabo en un territorio que Marruecos invadió brutalmente en 1975 y que sigue manteniendo bajo su yugo: el Sahara Occidental. Si Marruecos consigue llevar a cabo su plan, para 2020, más de la cuarta parte de su capacidad eólica y solar provendrá del Sahara Occidental.

A menudo mencionada como la última colonia de África, el Sahara Occidental se considera un Territorio No Autónomo sin una potencia administradora. El territorio está sujeto a conversaciones de paz bajo el mandato de la ONU, y una misión, también de la ONU, está en el territorio. Ningún estado en el mundo reconoce las pretensiones de Marruecos sobre el territorio, en tanto que el derecho de autodeterminación de los saharauis –el derecho a determinar el estatus del territorio y por tanto de sus recursos- está reconocido universalmente. Hace un mes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pedía la ejecución de su derecho a la autodeterminación y reiteraba la necesidad de que los saharauis ejercieran “su consentimiento previo, libre e informado a la realización de proyectos de desarrollo y de operaciones de extracción [de recursos]”.

A primeros de noviembre, WSRW publicaba un informe resumiendo los planes de Marruecos para instalar energía eólica en el Sahara Occidental. . Los inversores como KfW y el Banco Europeo de Inversiones han declarado que no proporcionarían fondos para ninguno de estos proyectos en el territorio. Es por ello que Marruecos ha emitido bonos verdes para financiar las dos plantas solares que tiene intención de construir en el Sahara Occidental, en colaboración con un consorcio capitaneado por la firma saudí ACWA Power.

La declaración conjunta expone que MASEN proporcionará la secretaría para todo el entramado. MASEN es una compañía marroquí de energía renovable fundamentalmente estatal, y –como todo el sector de la energía renovable en Marruecos- controlada por el rey.

En la actualidad hay dos pleitos en juego contra el Consejo de la UE, promovidos por la representación política de los saharauis, a propósito del territorio del Sahara Occidental en los acuerdos UE-Marruecos de libre comercio y de pesca.