En el marco del 44º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(CDH), España ha presentado el 16 de julio de 2020 su respuesta a las recomendaciones que había recibido durante su tercer Examen Periódico Universal (EPU); una revisión inter pares de la lista de derechos humanos del país a cargo de otros Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Durante la tercera sesión del EPU en España en enero de este año, Namibia y Timor Oriental expresaron su preocupación por la involucración de España en la toma de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Los dos países habían emitido formalmente cuatro recomendaciones a España, que se incorporaron al "Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal - España", documento resumen publicado por el CDH en marzo de 2020.

Estas son las recomendaciones formuladas por Namibia y Timor Oriental a España sobre el Sáhara Occidental:
150.56 - Promulgar una legislación nacional apropiada para garantizar que los individuos y corporaciones españoles no participen ilegalmente en la toma de los recursos del Sáhara Occidental (Namibia);
150.57 - Abstenerse de implicarse en actividades económicas relacionadas con el territorio del Sáhara Occidental que no cuenten con el consentimiento libre, previo e informado del pueblo del Sáhara Occidental (Namibia);
150.59 - Garantizar la plena aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en el contexto de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental (Timor Oriental);
150.60 - Abstenerse de implicarse en actividades económicas en o relacionadas con el territorio del Sáhara Occidental que no cuenten con el consentimiento libre, previo e informado del pueblo del territorio (Timor Oriental).

Namibia y Timor Oriental antes de su independencia de la vecina Sudáfrica y de Indonesia respectivamente ostentaban la categoría de territorios no autónomos y ocupados, los mismos dos estatus que rigen hoy en día para al Sáhara Occidental.

España ha declarado que "acepta parcialmente" las recomendaciones formuladas por Namibia y Timor Oriental. En relación con el total de 13 recomendaciones que sólo fueron aceptadas parcialmente por su país, el Embajador de España ante las instituciones de las Naciones Unidas con sede en Ginebra declaró lo siguiente al CDH de las Naciones Unidas: "Estamos de acuerdo en términos generales, pero sólo podemos aplicarlas parcialmente, ya sea porque hay diferencias en cuanto a la manera de aplicarlas, o por factores en nuestro orden jurídico, presupuestario o constitucional que impiden su plena aplicación".

Namibia respondió inmediatamente y no se retrajo: "Sin embargo Namibia lamenta observar que sus recomendaciones sobre la explotación de los recursos del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental han sido aceptadas sólo parcialmente por España. No debería haber excusas en lo relativo a la participación en la explotación ilegal de los recursos del pueblo del Sáhara Occidental. El derecho a decidir sobre los recursos encontrados en y sobre el territorio, y cómo explotarlos o conservarlos, pertenece exclusivamente al pueblo del Sáhara Occidental. Este derecho se articula en los artículos comunes 1 del ICCPR (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y del (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), y debe ser respetado por la potencia ocupante y por cualquier tercero como España. Por lo tanto, instamos a España a que haga lo correcto y garantice la plena aplicación de estas recomendaciones. Este es un deber que se le adeuda al pueblo del Sáhara Occidental, que sigue viviendo en la pobreza mientras sus recursos están siendo saqueados por la potencia ocupante y las empresas de terceros países", afirmó Namibia ante el CDH de las Naciones Unidas.

Western Sahara Resource Watch (WSRW) entiende que las Naciones Unidas no reconocen oficialmente la "aceptación parcial" de las recomendaciones. De acuerdo con las directrices sobre el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, las recomendaciones parcialmente aceptadas y rechazadas se clasifican de manera idéntica como "anotadas", un rechazo de facto.

"Consideramos esto como una evasiva", dice Sara Eyckmans, de Western Sahara Resource Watch (WSRW). "Al aceptar sólo "parcialmente" estas recomendaciones pertinentes formuladas por Timor Oriental y Namibia, sin explicar claramente a qué parte de las recomendaciones está dispuesta a comprometerse, España hace imposible que la comunidad internacional evalúe si está dando algún paso hacia su aplicación. De este modo España trata de evitar la rendición de cuentas a nivel internacional y la responsabilidad específicamente frente al pueblo del Sáhara Occidental".

WSRW, en colaboración con la ONG española Novact, presentó un informe de partes interesadas para este ciclo particular del EPU, subrayando que España debe rendir cuentas por su historial de derechos humanos dentro del territorio que nunca ha descolonizado legal y responsablemente: el Sáhara Occidental. En el informe se recomendaba a España que respete, proteja y cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos frente al pueblo del Sáhara Occidental, en particular la de no menoscabar el derecho a la libre determinación y el derecho a sus recursos naturales.

España tiene el deber legal de descolonizar el territorio del Sáhara Occidental y sigue teniendo responsabilidades hacia el pueblo nativo saharaui. Esto fue confirmado en dos decisiones de la propia Audiencia Nacional de España en 2014 y 2015 que afirman que España sigue siendo la potencia administradora sobre el Sáhara Occidental, haciéndose eco de la Carta de las Naciones Unidas y del Dictamen Jurídico de las Naciones Unidas de 2002 sobre los recursos minerales del Sáhara Occidental.

Sin embargo, durante las revisiones primera y segunda EPU de España de 2010 y 2015, no se ha progresado en el avance del derecho a la libre determinación en el Sáhara Occidental, ni España ha informado sobre sus obligaciones de descolonizar y garantizar el bienestar de los pueblos del territorio. Además, ni un solo Estado se ha referido a la permanente responsabilidad de España frente al Sáhara Occidental.